Tamaulipas/México/Noticias.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La carpeta de investigación incluye información de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Presentaron señalamientos respecto del patrimonio del mandatario tamaulipeco. Sus bienes no corresponden a los ingresos que obtuvo, tanto como empresario ni como servidor público.
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El gobernador tamaulipeco señaló al coordinador de Morena, Ignacio Mier, de filtrar la acusación, vía redes sociales.
En twitter, Francisco Javier escribió: “De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política”.
El gobernador comentó que esperará la notificación de la acusación. Negó haber violado la ley y afirmo que se defenderá “ante cualquier atropello”.
En meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y acreditaron que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos al gobernador. La empresa fachada no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier difundió la tarjeta informativa de la secretaria general del órgano legislativo, Graciela Báez Ricárdez, informa que agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda solicitaron el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas.
Este jueves, representantes de la FGR ratificarán la petición a la Cámara de Diputados. La indagatoria se integró después de 15 meses de investigación hecha por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Parte de la investigación está relacionada con los señalamientos que realizó el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien denunció que el mandatario tamaulipeco, cuando fue senador en 2013, recibió sobornos millonarios por aprobar la reforma energética, al igual que otros legisladores panistas.
Entre los bienes investigados se encuentran cuentas bancarias, inmuebles en Tamaulipas, la CDMX y Texas, Estados Unidos.
