Más de 200 elementos de la policía auxiliar protestaron por desigualdad salarial y pagos atrasados de hasta 6 meses.
La Paz, Baja California Sur.– Este 20 de marzo, más de 200 elementos de la Policía Auxiliar salieron a manifestarse en su base operativa para denunciar lo que califican como una injusticia laboral que ya no están dispuestos a tolerar.
El detonante fue el reciente aumento salarial otorgado únicamente a policías municipales, dejando fuera a los auxiliares, quienes –afirman– enfrentan los mismos riesgos en las calles.

“También somos policías”, reclamó la oficial Diana Gabriela, alzando la voz en medio de la protesta pacífica. Todos los policías inconformes coincidieron con su compañera, recordándole a las autoridades municipales que muchos de ellos tienen familias que mantener.
Pero el reclamo va más allá del sueldo. Los elementos denunciaron una cadena de irregularidades que exhiben una profunda brecha dentro de las fuerzas de seguridad:
Pagos retrasados hasta por seis meses por servicios de “refuerzos”.
Además, los agentes de seguridad pública denunciaron la ausencia de bono de riesgo, pese a operar en situaciones de peligro, la falta de apoyo básico como útiles escolares, jornadas laborales que –acusan– no respetan descansos ni vacaciones.
Aunque sus facultades legales son distintas a las de la policía preventiva, los auxiliares desempeñan funciones clave: cubren eventos masivos, realizan patrullajes y participan en operativos de tránsito, convirtiéndose en una pieza esencial en la seguridad de la capital de Baja California Sur.
Una comitiva fue recibida por la capitana de corbeta, Rut de la Fuente Velázquez, titular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, donde exigieron una solución inmediata a sus demandas. Hasta ahora, la respuesta oficial sigue en espera.
Mientras tanto, la advertencia ya está sobre la mesa.
Los policías auxiliares continuarán con sus labores ordinarias, pero suspenderán su participación en refuerzos para eventos especiales, lo que podría impactar directamente en la seguridad de conciertos, eventos deportivos y concentraciones masivas en la ciudad de La Paz.
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