Aldea Global: ITAI, las barbas a remojar

La suspensión concedida al INAI por el caso de las obras prioritarias de AMLO, obliga al ITAI a actuar contra la opacidad del gobierno de BCS.

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La Suprema Corte de la Justicia de la Nación echó para atrás el acuerdo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto de clasificar como reservada la información sobre obras públicas como El Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, entre otras, bajo el argumento de que eran temas de “interés público” o de “seguridad nacional”.

El alto tribunal concedió la suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), después de que interpuso la controversia constitucional 217/2021 en la corte contra el Acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre por el Jefe del Ejecutivo Federal en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación.

El pasado martes 14 de diciembre, un magistrado concedió parcialmente la suspensión solicitada por el INAI.

Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y todas las consecuencias del acuerdo impugnado que derive en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para este efecto”, transcribe la resolución.

El Acuerdo, según el presidente mexicano, fue publicado para agilizar los trámites en las obras prioritarias del gobierno federal.

Un día después de la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el INAI, como órgano garante, fijo su postura, argumentado que “al considerar los proyectos prioritarios de infraestructura como de seguridad nacional”, podría ser usado como un supuesto para “reservar información relacionada con las obras públicas”.

Desde luego que este hecho vulneraría el derecho al acceso de la información. De tal modo que, por esta situación, tomó la decisión de interponer la controversia constitucional.

El caso del INAI viene a colocación, porque justamente en este momento se desahoga un juicio en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) del estado, promovido por MetrópoliMx en contra del Gobierno de Baja California Sur tras clasificar como reservada la información del proveedor que realiza las supuestas auditorías a la administración del ex gobernador Carlos Mendoza Davis.

Son prácticamente las mismas condiciones, modos y circunstancias de los que sucede a nivel nacional.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ordenó clasificar como reservada la información del proveedor, currículo y contrato del prestador de servicios, sin fundar ni motivar debidamente, lo que desde luego violenta el derecho al acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad.

La transparencia no es una decisión del gobernador ni tampoco puede clasificar de manera discrecional la reserva o la confidencialidad de la información que obra en su poder. En todos los casos, como lo establece el Artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, “debe sujetarse de manera estricta a los supuestos y procedimientos establecidos por la propia ley”.

El caso del proveedor que está intentando ocultar, por razones que después explicaremos, no encuadra en ninguno de los supuestos, máxime porque el Artículo 75 Fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga, en este caso a la Secretaría de Finanzas y Administración, a poner a disposición del público, entre otras cosas, “la información sobre los resultados de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza”, incluida la contratación de auditorías, exhibiendo la versión pública del expediente respectivo y la copia de los contratos firmados.

Así de fácil y sencillo.

De tal modo que este juicio en particular, es una prueba de fuego para los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California Sur (ITAI), demuestren que no están al servicio de los nuevos gobernantes, sino su labor es garantizar el derecho a la información pública y el principio de máxima publicidad, como lo hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a nivel nacional.

Remolino:

Hasta dónde llegó la austeridad republicana que la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, ordenó eliminar de golpe el aguinaldo y el bono a los empleados que trabajan bajo contrato por honorarios en el gobierno del estado.

Los trabajadores no recibirán como cada año, los 10 o 15 mil pesos anuales de incentivo, porque, según ella, no tiene derecho por Ley. De tal manera que los trabajadores, no dispondrán de dinero para pagar deudas, comprar regalos de sus hijos o gastar en fiestas de fin de año.

Sin embargo, el dinero está dentro del presupuesto del ejercicio fiscal de 2021. La pregunta es ¿Quién se quedará con todo el dinero de los trabajadores que laboran por honorarios en todo el estado?

Obviamente, la pésima de decisión de no encarar a tiempo el tema con los empleados por honorarios asimilados, ya tuvo sus primeras consecuencias.

Resulta que se filtró un video donde la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, aparece explicando que esos pagos no están contemplados en ninguna ley, reconociendo que si el gobierno anterior lo hacia era de manera ilegal y admitiendo que hacerlo pondría en riesgo su pellejo.

Sin embargo, contradictoriamente, en el mismo video, la servidora pública confiesa que ya encontró la manera de justificar la salida de ese dinero de manera formal y anuncio que entre el 20 y 23 de diciembre, cuando menos el aguinaldo, caerá en la cuenta de los trabajadores por honorarios.

La grabación desde luego es una confesión pública de que está aceptando haber cometido el delito de desvío de recursos públicos, lo que obligaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado, abrir una Carpeta de Investigación por el delito de desvío de recursos públicos.

Y ya para cerrar con broche de oro, ese conflicto por el tema del aguinaldo y del bono, reventaron los grandes negocios ilícitos que se vienen cometiendo desde que Víctor Manuel Castro Cosío, tomara protesta como gobernador.

Lo primero que cayó en poder de MetrópoliMx es son una lista de personas físicas y empresas morales que causaron alta apenas en julio pasado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora aparecen como proveedores sexenales del gobierno del estado.

Detrás de esos proveedores están el propio Víctor Castro a través de prestanombres que para su mala fortuna, ya había utilizado en otras operaciones, cuando salió de alcalde de La Paz, el esposo de su hija, y cuando menos están embarrados otros cuatro o cinco secretarios de estado y hasta directores generales, y donde no podría faltar el Clan Familiar de “Los Agúndez”.

1 COMENTARIO

  1. METRÓPOLI POR FAVOR HAZ UN REPORTAJE DE CÓMO LE ESTÁ LLOVIENDO AL DECEPCIONANTE GOBIERNO DE VICTOR CASTRO POR SU MEDIOCRIDAD AL QUITARNOS PRESTACIONES Y RECORTARNOS A LA CLASE TRABAJADORA NUESTROS DERECHOS A PAGO. TAL ES EL CASO AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA, HOY TAMBIÉN ESTALLÓ LA SITUACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN LA SEP, CARAY QUE BATALLA CON ESTOS MORENA EL CAMBIO FUE PARA MUY PEOR, ESTÁBAMOS MUCHÍSIMO MEJOR CON MENDOZA

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