La Paz, Baja California Sur.-La Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) coordinados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lograron el pasado 20 de enero la captura de Carlos “N” en la capital del estado. Fue emitida una orden de aprehensión en su contra por su posible participación en el incendio de la Tienda Ley.
Posteriormente, y en la audiencia por la orden de aprehensión, celebrada este miércoles 26 de enero, el agente del Ministerio Público de la PGJE, logró vincular a proceso a quien dijo llamarse Carlos Ramón “N”, de 35 años de edad, originario del estado de Sonora.
De acuerdo a la Carpeta de Investigación, los hechos por los que se detuvo al ahora imputado se registraron el pasado 24 de diciembre del 2021 en la tienda departamental, ubicada en las calles de Jaime Bravo esquina Miguel Hidalgo, colonia Loma Linda, de esta ciudad.
El imputado, según las pruebas aportadas, se introdujo, prendiendo fuego y provocando la pérdida total de la nave comercial, activos fijos y mercancía.
La parte afectada denunció el caso en la PGJE, donde el agente del Ministerio Público, inició con las indagatorias correspondientes, logrando identificar al probable responsable de este ilícito.
El imputado está relacionado en otras dos Carpetas de Investigación por delitos de daños agravados por motivo de incendio.
El primer caso ocurrió el 13 de diciembre 2021 en la tienda Coppel Revolución, localizada en la calle Melchor Ocampo #210 entre Revolución de 1910 y Aquiles Serdán en el Centro Histórico de La Paz.
El segundo caso paso el 9 de Enero del 2022 en Coppel Alameda, ubicada Calzada Forjadores de Sudcalifornia entre Calzada Camino Real y Sindico en Plaza Alameda en la colonia Camino Real.
Finalmente, luego de analizar los elementos de prueba presentados durante el proceso, el Juez de Control, determinó vincular a proceso al imputado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de las investigaciones.
