Durante casi dos décadas han desfilado 4 gobernadores y 7 procuradores de justicia que no han podido resolver el crimen del joven abogado en el malecón de La Paz.
La Paz, Baja California Sur.- El 4 de marzo de 2010 no es una fecha más en el calendario sudcaliforniano. Es un día que quedó marcado con sangre, dolor y una pregunta que sigue sin respuesta.
Hace 16 años, Jonathan Hernández Ascencio, fue asesinado en circunstancias que, hasta hoy, continúan envueltas en señalamientos, dudas y una indignación que no se extingue.
“Ese día nunca lo olvidaremos”, repite su familia. Y no lo olvidan. Porque más allá del duelo íntimo, el caso se convirtió en símbolo de algo más profundo: la sensación de impunidad, corrupción y encubrimiento que lacera la confianza ciudadana en las instituciones.
El asesinato de Jonathan ocurrido en el extinto bar “Las Micheladas”, que estaba ubicado en el malecón de La Paz, no solo desgarró a una familia. Sacudió a una sociedad que observó, entre versiones encontradas y decisiones cuestionadas, cómo el paso de los años parecía diluir responsabilidades en lugar de esclarecerlas.
Han pasado 4 administraciones estatales, 7 procuradores de justicia, y 4 fiscales especiales. Se habla de más de 60 testigos. De un expediente viciado y vuelto a reabrir de más de 1,800 páginas. De órdenes de presentación que no se giraron. De detenciones que, según la familia, fueron infundadas. De líneas de investigación que se abrieron y se cerraron sin resultados concluyentes.
El padre de Jonathan, Daniel Hernández Aguirre, no se ha cansado de manifestarse públicamente durante casi dos décadas para que se le haga justicia a su hijo. Encarando a las autoridades estatales para exigirle resultados en las investigaciones, y sobre todo, que el o los responsables del homicidio de su hijo sean capturados y enviados a prisión.
Sin embargo, la respuesta que ha recibido el padre de familia a lo largo de todos estos años han sido evasivas y falta de solidez en las investigaciones. Prácticamente ningún avance en concreto. Las protestas organizadas por el mismo en el Palacio del Gobierno del Estado, en el Congreso de Baja California Sur, en el Centro de Justicia Penal y en las calles de la capital no han cambiado nada. El caso sigue siendo un misterio absoluto.
En el centro de la controversia, un señalamiento que nunca dejó de resonar en los corrillos políticos y sociales: la presunta implicación de un hijo de un ex gobernador. Una versión que alimentó sospechas y profundizó la percepción de que el caso fue tratado con criterios distintos a los que enfrentaría cualquier ciudadano común.
Daniel Hernández nunca pensó que el caso de su hijo se complicara tanto, más aún porque los posibles involucrados en los hechos estaban plenamente identificados por testigos y autoridades. No obstante, la historia dio un giro radical que se mantiene hasta el día de hoy.
“No me imaginaba que los culpables serían protegidos por ser hijos de políticos. La situación para esclarecer la muerte de mi hijo está peor, porque los asesinos ya están en cargos públicos, son los nuevos millonarios de Baja California Sur.” Aseguró.
Ya es de conocimiento público que Daniel Hernández culpa a los hijos del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, como los autores materiales del homicidio de su hijo. Para él, entre Christian Agúndez Gómez, actual presidente municipal de Los Cabos, y su hermano, Narciso Agúndez Gómez, actual director de la Administración Portuaria Integral (API) en Baja California Sur, está la persona que privó de la vida a Jonathan.
Los dos hermanos, en aquel entonces estudiantes de universidad, ahora ostentan puestos de primer nivel en el gobierno del morenista Víctor Manuel Castro Cosío, otro mandatario estatal que terminará su gestión de 6 años sin resolver el caso Jonathan.
“¿Qué harías si fuera tu hijo?”.
La pregunta no es retórica. Es el grito que ha acompañado a la familia de Jonathan durante 16 años. ¿Qué harías si a tu hijo lo asesinan y el tiempo pasa sin justicia? ¿Si escuchas promesas que no se cumplen? ¿Si percibes que las investigaciones se contaminan de intereses políticos?. Son las voces de los seres queridos del joven abogado fallecido.
La narrativa oficial ha cambiado con el tiempo. Las líneas de investigación se han ajustado. Pero la respuesta judicial definitiva sigue pendiente. Para la familia, el expediente parece haber quedado atrapado entre tecnicismos, omisiones y silencios.
“Todo lo escondieron para que no hubiera pruebas”, denunció Daniel Hernández. “Hablan de declaraciones de personas que no estuvieron presentes, de compromisos incumplidos, de secretos a voces que nunca llegaron a tribunales”, afirmó.
El caso Jonathan Hernández no es solo un expediente. Es un espejo de las fallas estructurales de un sistema que, cuando no responde con claridad y contundencia, alimenta el hartazgo social.
La sed de justicia no prescribe. Tampoco se diluye con el tiempo. En Baja California Sur, donde la percepción de seguridad y la confianza institucional han sido temas recurrentes, este caso permanece como un oscuro antecedente de que la justicia tardía puede convertirse en justicia negada.
Dieciséis años después, la herida sigue abierta. La familia insiste en que no quitará el dedo del renglón. Amigos y ciudadanos que han seguido el caso sostienen que la memoria es el único antídoto contra el olvido institucional.
Jonathan Hernández ya no está. Pero su nombre continúa pronunciándose como un reclamo. Como una exigencia. Como una advertencia. Porque cuando un crimen no se resuelve con transparencia y verdad, no solo se pierde una vida: se erosiona la credibilidad de todo un sistema.
Y la pregunta sigue flotando en el aire…
¿Habrá justicia o el caso quedará, definitivamente, archivado en el silencio?.
