Ciudadanos denunciaron el ingreso de unidades motorizadas que amenaza dunas y la seguridad de los visitantes en la playa La Cachora.
Todos Santos, Baja California Sur.- A pesar de la señalética clara que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados, en Playa La Cachora continúan registrándose casos de automóviles y razers circulando sobre la arena, poniendo en riesgo el ecosistema y la seguridad de los visitantes.
La denuncia fue expuesta públicamente tras documentarse que una persona –aparentemente extranjera– ingresó con su vehículo a la playa, ignorando por completo los letreros que advierten la restricción.
Las imágenes muestran la unidad transitando sobre la franja costera, en una zona señalada como Área de Protección de Flora y Fauna. Activistas ambientales y organizaciones protectoras de la fauna marina, han reiterado que el tránsito de vehículos en playas acelera la erosión de dunas, compacta la arena –afectando procesos naturales– y representa un riesgo para peatones, fauna y mascotas.
Las dunas costeras, además, funcionan como barreras naturales ante marejadas y fenómenos meteorológicos. La señalética instalada en La Cachora advierte precisamente sobre la necesidad de proteger estos ecosistemas frágiles.
Sin embargo, la prohibición parece no ser suficiente cuando no existe vigilancia constante ni sanciones visibles. Los residentes locales y usuarios frecuentes del lugar señalan que no se trata de un hecho aislado. Denuncian que, pese a las indicaciones, algunos conductores continúan ingresando con vehículos recreativos o automóviles particulares.
“Respetar las indicaciones no cuesta nada y beneficia a todos”, expresaron los denunciantes en redes sociales, quienes piden mayor presencia de autoridades municipales y ambientales para evitar que estas conductas se normalicen.
Playa La Cachora es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Todos Santos, visitado por cientos de familias, corredores y turistas que buscan tranquilidad. El ingreso de vehículos no solo vulnera el entorno, sino que también genera una percepción de permisividad que contradice los esfuerzos de conservación.
Los ciudadanos hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, reiterando que la protección de las playas no es opcional, ya que –según los denunciantes– se trata de una responsabilidad compartida que define el futuro ambiental en el pueblo mágico.
