La Paz, Baja California Sur.- Tres años después de haber sido aprobada, y justo cuando Baja California Sur, pudiera entrar en una fuerte recesión económica, el Gobierno del Estado, tomó finalmente la decisión de comenzar a cobrar el Impuesto de Aprovechamiento aplicado a los turistas extranjeros que visitan la entidad, tal y como lo señala el Artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda del Estado.
Con la finalidad de captar los recursos que no aterrizan de las participaciones federalizadas, el secretario de Administración y Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, sostuvo que al cobrar este gravamen a los extranjeros por el uso y disfrute de las infraestructura turística de la entidad, se espera recaudar al año la cifra de 490 millones de pesos.
Este polémico gravamen, que los hoteleros no quisieron cobrar a sus clientes, tuvo que esperar tres años antes de que se pensara en hacer efectivo, porque además cuando se aprobó el 31 de octubre de 2016, no se contaba con el mecanismo preciso de recaudación y menos con reglas de operación y de rendición de cuentas.
En esa ocasión, la Ley de Hacienda fue reformada para tratar de captar ese recurso extraordinario:
“Los turistas extranjeros que ingresen al Estado pagarán el aprovechamiento a que se refiere el presente Artículo por el uso y aprovechamiento de obras que realiza el Estado destinadas a infraestructura sobre bienes de dominio público y por la prestación de servicios en el ejercicio de sus funciones de derecho público, tendientes a prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones a éstas”.
Asimismo, se establece que se cobrará a aquellos que pasen más de 24 horas en el estado, con un costo de 350 pesos como pago único, monto que se actualizará cada año en el mes de noviembre.
Para los turistas que ingresen vía áera, el cobro será recaudado por las empresas de transporte aéreo, para los que ingresen vía marítima será por la Administración Portuaria Integral, y aquellos que ingresen por otros medios, serán enterados del pago que deben hacer por los prestadores de servicios de hoteles, moteles, casa de huéspedes, campamentos, paradero de casas rodantes, establecimientos de tiempo compartido o cualquier otra utilización, incluyendo aplicaciones como Airbnb.
El mecanismo de transparencia y recaudación
Luego de aprobada esta reforma a la Ley de Hacienda, tanto empresarios como otros sectores reclamaron tras no establecerse un mecanismo para darle uso al dinero recabado, ya que dicho artículo sólo señala a la Secretaría de Administración y Finanzas, como la única que dispondría el recurso, aí como las reglas de operación de su uso.
Bajo esta presión, el 30 de mayo de 2017, se volvió a aprobar otra reforma a la Ley en el Congreso, agregando esta vez el Artículo 129 Ter, el cual señala de manera textual:
I. El 95% de estos recursos será depositado directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento por el Uso de la Infraestructura Estatal y se utilizarán para el fortalecimiento de la Seguridad Pública y víctimas del delito, así como de la Salud, del Apoyo al Empleo, del Deporte, del Desarrollo agropecuario y pesquero, de la infraestructura turística y social, de la vivienda, de la Educación y de la Cultura en el Estado.
II. El 5% restante de los recursos, será aplicado para que el Gobierno del Estado pueda llevar a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como las mejoras a la infraestructura y actualizaciones que sean necesarias para tal fin.
Sobre este particular, el titular de Administración y Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, indicó que el Fideicomiso, cuenta con un Comité integrado por Gobierno del Estado y sectores productivos.
En total tendrá 18 miembros, de los cuales 10 serán de parte de Gobierno y los municipios, y los otros 8 de la iniciativa privada, dos de Los Cabos, dos de La Paz y uno por Mulegé, Comondú y Loreto.
“La vigilancia y la aplicación de los recursos será realizada por el Comité Técnico en el que participarán activamente en la toma de desiciones representantes de las organizaciones más importantes de la iniciativa privada de la entidad”, citó el secretario de Finanzas y Administración.
En los aeropuertos y puntos marítimos se colocarán kioskos para cobrar a los turistas extranjeros su presencia en el estado, y a partir del 9 de noviembre, se contará con el código QR para poder hacer esta captación a través de equipos móviles.
Hasta un 60 por ciento de los 490 millones estimados se aplicarán en obras de infraestructura en los cinco municipios, en grado de distribución por población, y otro 20 por ciento en acciones en los municipios, según la captado por cada uno de ellos, y el restante 20 por ciento en obra que se identifique necesaria para la sociedad.
Las Reacciones
Un grupo de contadores advirtió, sin embargo, que la aplicación de este gravamen a los extranjeros representará un problema para aquellos que acudan a Baja California Sur por motivos de trabajo y no de turismo.
“Cabe destacar que no menciona la exclusión de las personas que no viajan al estado por motivos turísticos, es decir, viajes por motivos de trabajo u otros el cual requieren de servicios de hospedaje el tiempo que permanezcan en territorio del Estado, que reiteramos; no sean por motivo turísticos”, señaló la firma de contadores y abogados DgyH Contadores y Abogados.
En las conclusiones, exhibidas en su página web, este despacho señaló que las personas pudieran ampararse una vez entrado en vigor la aplicación de este impuesto.
“No está demás comentar que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece un plazo de 30 días para presentar la demanda contra una norma general autoaplicativa, hacemos referencia para los que opten defenderse contra el citado Decreto”, indicaron.
Asimismo, también puede revisarse el tema de si el Gobierno cumplió con publicar las reglas de operación de la captación de este impuesto, así como su disposición general, ya que hasta el momento, no se conoce y el secretario de Administración y Finanzas, señalo que todavía se encontraban en el análisis para el reparto de este recurso.
Al no haber suficiente claridad, los afectados pueden empezar una estrategia legal para atajar este impuesto polémico que no se cobra en ningún otro destino turístico.
