La Paz, Baja California Sur.- La Contralora General del Estado de Baja California Sur, Rosa Cristina Buendía Soto, confirmó esta mañana la aplicación de una auditoría integral en el Instituto de Vivienda (INVI).
Lo anterior durante una entrevista con el periodista Diego Soto Granados, explicando que la auditoría inició el pasado cuatro de mayo y terminó en el seis de septiembre.
La contralora expuso que como parte de la Junta de Gobierno del INVI, y en su carácter de Comisaria, debe obligatoriamente de auditar cuando menos una vez al año.
De tal modo que en el caso del INVI, elaboraron una auditoría integral, verificándose todos los temas –entre ellos– control interno, recursos materiales, recursos humanos y recursos administrativos y obras públicas, emitiendo un total de 45 observaciones por irregularidades encontradas.
«Efectivamente se encontraron una serie de observaciones (irregularidades) y las cuales ahorita ya se les dio entrega de esos resultados con esas observaciones en las que se les da un término que la ley otorga», citó textualmente.
La contralora dijo que después de notificar o correr traslado a la hoy ex directora del INVI, Fernanda Villarreal González, fue otorgado un plazo de 30 días para que solventara todas las irregularidades encontradas en la auditoría.
«Es un derecho que tiene porque no podemos violar sus garantías individuales de audiencia o defensa«, citó.
La contralora dijo que objetivo de la fiscalización es que los recursos económicos se vayan a donde están etiquetados.
«El recurso no es nuestro, el recurso es de la ciudadanía, y es allá donde debe de ir, traducido en obra e infraestructura, entonces esa es la parte a que nosotros nos toca cuidar y es lo que hacemos«, aseguró.
Finalmente, la contralora reveló que el próximo 19 de octubre vence el plazo para que la ex titular Fernanda Villarreal González, solvente las 45 observaciones, reservándose de derecho de informar sobre las irregularidades encontradas.
En caso de que esas observaciones no sean solventadas, según la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Municipios y el Estado de Baja California Sur y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Contraloría General de Justicia del Estado, tendría que dar vista a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que abra una Carpeta de Investigación y deslinde responsabilidades penales contra los presuntos responsables de las irregularidades encontradas en la auditoría.