Tras el rescate de un joven jamaiquino presuntamente secuestrado y víctima de abusos en el anexo, 29 internos decidieron abandonar las instalaciones en la colonia Guaymitas de San José del Cabo.
San José del Cabo, Baja California Sur.-Una contundente denuncia pública prendió las alertas de seguridad y derechos humanos en el municipio de Los Cabos, exponiendo presuntos abusos, tortura y privación ilegal de la libertad dentro del centro de rehabilitación CRAADYR #7 “Albergue María Loreto León Beltrán, Servicio 24 Horas”, ubicado en la colonia Lomas de Guaymitas.
De acuerdo con el testimonio de Rosalba Ibarra, directora del colectivo Búsquedas San José del Cabo, la alarma se activó tras recibir reportes anónimos sobre un extranjero (de origen jamaiquino y con pasaporte estadounidense) retenido contra su voluntad en condiciones infrahumanas.
“Personas que han estado en ese centro de rehabilitación me hablaron de un jamaiquino que estaba encerrado en un calabozo en ese lugar. Yo sentí el dolor de esa persona, o sea, yo sentí su espíritu suplicando ayuda”, declaró la activista al relatar cómo dio aviso a las autoridades.
Según Ibarra, al momento de ser auxiliado, el hombre presentaba un cuadro severo de afectación física y emocional derivado de un prolongado cautiverio y huelga de hambre:
“Él sale temblando porque tenía una huelga de hambre… la información que tengo es que él fue secuestrado por este personaje que yo señalé desde el principio como un esclavo y pues le administraba dosis de droga”, afirmó.
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La defensora detalló que el extranjero solo habla inglés y manifestó pánico hacia las corporaciones de seguridad. Tras entablar confianza, fue resguardado temporalmente en un entorno seguro antes de ser canalizado para su asistencia consular y retorno a su país de origen.
Ante las denuncias y en cumplimiento a un mandamiento judicial derivado de una carpeta de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desplegó un operativo nocturno el viernes 9 de octubre en el inmueble ubicado sobre la calle Profesor Francisco Payán Sandoval, en Lomas de Guaymitas.
En la acción participaron:
1-Fuerzas Federales y Estatales: Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Policía Estatal Preventiva (PEP).
2-Unidades de la PGJE: Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, Unidad de Análisis de la Información, Unidad de Investigación de Mandamientos Judiciales y Servicios Periciales.
3-Atención Médica: Heroico Cuerpo de Bomberos Municipal con dos ambulancias y una estación de enfermería.
Según el reporte oficial de la PGJE, se contabilizó a 51 hombres mayores de edad internados en el lugar. Paramédicos y personal médico valoraron a los 51 internos, certificando que no presentaban lesiones físicas visibles.
Con apoyo de la Dirección de Gobierno del H. Ayuntamiento de Los Cabos, se trasladó a la persona de nacionalidad extranjera a la Casa Peregrino para su atención integral.
Se cotejaron las fotos y datos con la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda, así como con las bases de la PGJE, dando estatus NEGATIVO en reportes de desaparición u órdenes de aprehensión vigentes para los 51 hombres.
Tras informarles sobre sus derechos humanos y legales, 29 internos manifestaron formalmente su decisión de no continuar con el tratamiento y se retiraron por su propio pie.
Las 29 personas fueron canalizadas a la Unidad de Atención a Víctimas de la PGJE en el Centro de Justicia Penal para recibir orientación jurídica. Los 22 internos restantes decidieron permanecer voluntariamente en el centro.
Respecto al material audiovisual que circuló en redes sociales y dio origen a la denuncia anónima, la PGJE precisó que las personas que aparecían en dicho video no fueron localizadas en el inmueble. Por ello, las autoridades mantendrán abiertas las líneas de investigación hasta esclarecer totalmente los hechos.
Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles exigieron a las autoridades estatales y municipales una inspección exhaustiva e inmediata a todos los centros de rehabilitación (anexos) que operan en San José del Cabo y Cabo San Lucas, con el objetivo de garantizar que no funcionen como centros clandestinos de detención ni vulneren los derechos humanos de las personas en proceso de recuperación.
