El ex secretario de finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras avanzan las investigaciones por presuntos vínculos del gobierno de Rubén Rocha Moya con la facción de "Los Chapitos."
Culiacán, Sinaloa.-El escándalo político y judicial que rodea al círculo cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló a un nuevo nivel luego de que surgieran versiones sobre la presunta detención en San Diego, California, del senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez, por agentes de la DEA.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han confirmado oficialmente el arresto. Sin embargo, reportes preliminares señalan que el legislador sinaloense habría sido asegurado bajo cargos federales relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La posible captura de Inzunza Cázarez detonó una fuerte sacudida política debido a que actualmente ocupa un escaño en el Senado bajo las siglas de Morena y durante años fue considerado uno de los hombres de mayor influencia dentro de la estructura política construida alrededor de Rocha Moya en Sinaloa.
El presunto operativo habría sido ejecutado bajo un fuerte hermetismo en San Diego, patrón habitual en investigaciones federales de alto perfil ligadas al crimen organizado en Estados Unidos.
Versiones extraoficiales sostienen que el senador ya estaría bajo custodia federal mientras avanzan procedimientos judiciales iniciales.
La noticia ocurre en medio del endurecimiento de las investigaciones estadounidenses contra exfuncionarios y operadores políticos ligados al gobierno sinaloense.
Horas antes, trascendió que el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en Nueva York, donde enfrenta señalamientos dentro del expediente federal S9 23 Cr. 180 (KPF), relacionado con presuntas operaciones de colaboración entre funcionarios públicos y la facción criminal de “Los Chapitos.”
De acuerdo con la acusación federal, Díaz Vega habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, además de presuntamente proporcionar información de adversarios políticos para intimidarlos durante el proceso electoral de 2021.
El caso se suma también a la reciente entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien compareció ante una Corte Federal de Manhattan acusado de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
La fiscalía estadounidense sostiene que Mérida Sánchez recibió sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares de parte de Los Chapitos a cambio de alertar sobre operativos y redadas contra laboratorios clandestinos.
La presión judicial y financiera sobre el círculo político sinaloense se intensificó después de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, familiares cercanos y otros personajes presuntamente vinculados a la investigación.
Mientras tanto, en redes sociales comenzó a circular la referencia de Inzunza Cázarez como “el tercero”, en alusión a la cadena de entregas, capturas y señalamientos que golpean al entorno político del gobernador con licencia.
Grupos de analistas consideran que las entregas voluntarias y posibles negociaciones con autoridades estadounidenses suelen responder a estrategias de supervivencia judicial y política.
En investigaciones federales de Estados Unidos, quienes cooperan primero pueden acceder a beneficios como reducción de condenas, protección familiar o acuerdos especiales con fiscales.
Esto provoca presión sobre el resto de los involucrados, quienes desconocen qué información ya fue compartida con agencias como la DEA, el FBI o el Departamento de Justicia.
La estrategia estadounidense se basa además en presión financiera agresiva, congelamiento de activos, persecución de redes económicas y cooperación de testigos para construir expedientes más amplios.
Aunque legalmente prevalece el principio de presunción de inocencia tanto en México como en Estados Unidos, el impacto político de las entregas y señalamientos ha comenzado a erosionar la credibilidad del grupo político ligado a Rocha Moya.
La eventual confirmación oficial de cargos contra un senador en funciones abriría una nueva crisis diplomática y política entre México y Estados Unidos en medio de las tensiones por el tráfico de fentanilo y la expansión del Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, Morena no había emitido posicionamiento oficial sobre la situación jurídica de Enrique Inzunza Cázarez.
