La Paz, Baja California Sur.- Cuando desempeñaba el cargo de directora general del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, Fernanda Villarreal González, habría comprado una camioneta Bronco Sport, con valor comercial de casi un millón de pesos en la agencia Ford.
El vehículo último modelo 2022, según la investigación de la Contraloría General del Estado, fue destinado al hijo de la servidora pública de la 4T, Sebastian Inzunza Villarreal, y quien actualmente estudia en la escuela de idiomas “EF” en Estados Unidos.
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La compra de camioneta de lujo, de acuerdo a la investigación, no fue informada en la Declaración Patrimonial de Fernanda Villarreal González, después de vencer el plazo en el mes de mayo del ejercicio fiscal de 2022 y menos en 2023, lo que es considerado una falta “administrativa grave”.
Lo anterior, según la investigación en proceso, es porque “el valor de la camioneta de lujo, es superior al sueldo que en todo un año habría percibido la directora del INVI”.
Es decir, el precio de mercado de la camioneta oscila entre 732 y 932 mil pesos, de acuerdo a la lista de precios de la agencia Ford. Sin embargo, los ingresos netos declarados por la servidora pública son de 799 mil 752 pesos a partir del primero de enero al 31 de diciembre.
Entonces, según la investigación, “no tendría manera de explicar cómo y de qué manera obtuvo recursos económicos para comprar la camioneta de lujo”, tomando en cuenta que parte del dinero percibido por la servidora pública, debía utilizarse en el pago de servicios de su casa, combustible, alimentación, calzado y vestimenta, por lo que descontado no alcanzaría a cubrir el costo de la unidad automotriz.
El Artículo 33 de Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado y Municipios de Baja California Sur, establece textualmente: “Si no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la Comisión de las Faltas Administrativas correspondientes”.
Además, según ese mismo artículo, “en el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año”.
Hasta este momento, Fernanda Villarreal González, únicamente fue separada de su cargo, y enviada como coordinadora de enlace a la Secretaría General de Gobierno a cargo de Homero Davis Castro.
Sin embargo, hasta este momento, no ha sido inhabilitada para ocupar cargo algo de tres meses a un año, tal y como establece la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado y Municipios de Baja California Sur.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y el secretario general de gobierno, Homero Davis Castro, se han encargado de proteger la presunta corrupción de Fernanda Villarreal González, así como ofrecer impunidad.
En tanto, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, guarda silencio ante esta grave situación y no ha fijado una postura oficial, a pesar de que uno de sus cuatro ejes rectores, es prevenir, detectar, denunciar, investigar, subsanar y sancionar para combatir la corrupción e impunidad por encima de cualquier desición de un gobernante.
La hoy ex directora del INVI bajo investigación, según su propia declaración patrimonial, dice que únicamente es dueña de una camioneta Toyota Hilux modelo 2015, comprada el 25 de noviembre de 2014, a través de un crédito bancario.
Para haya van los que te protegen. tiempo al tiempo