La Paz, Baja California Sur.– En su paso por la dirección general, Fernanda Villarreal González, cometió un sinfín de irregularidades que provocaron en tan solo dos años de administración, un quebranto financiero en el Instituto de Vivienda (INVI) del Estado de Baja California Sur.
Lo anterior, según el resultado de una auditoría elaborada por la Contraloría General del Estado, detectando –entre muchas otras cosas– que la servidora pública de la 4T, asignaba discrecionalmente contratos de construcción de casas, y por increíble que parezca, pagaba costos más elevados por las edificaciones en los programas de viviendas.
En el ejercicio del 2022, Fernanda Villarreal González, manejo un presupuesto de 49 millones 712 mil 356 pesos, y en 2023, el techo fue de 49 millones 720 milo 194 pesos.
En resumen, casi 100 millones de pesos en los dos años que duró en el cargo.
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Así, y de esta manera, la mayoría de los contratos fueron asignados a particulares y empresas morales que casualmente fueron creadas a la par de la llegada del nuevo gobierno encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío.
Entre las principales irregularidades se encuentran las siguientes:
1.- El 90% de los contratos para la construcción de casas de interés social fueron entregados de manera discrecional a través de supuestos concursos de invitación a cuando menos 3 personas evidentemente amañados.
2.- Los contratos en casi el 70% de los casos fueron asignados a particulares y empresas que vendían a precios más elevados.
Un claro ejemplo de esta serie de irregularidades, es el caso del concurso INO-0000000005-027-2022, elaborado con recursos del Programa de Apoyo para Accesos a la Vivienda Digna 2022.
La convocatoria del concurso por invitación a cuando menos 3 personas contempló la contratación de obra para la construcción de 12 recámaras con Baño Incluyente (RBI) de 21.30 metros cuadrados cada cuarto en la colonia El Pitayal en el poblado de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo en el municipio de Mulegé.
Los participantes presentaron las siguientes propuestas económicas:
1.- 2 millones 944 mil 941 pesos con 61 centavos por parte de la empresa Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L de C.V.
2.- 2 millones 800 mil 972 pesos con 21 centavos por el lado de la particular Dulce Marisol Nuñez Medina.
3.- Un millón 161 mil 662 pesos con 97 centavos de la compañía Gerencia de Infraestructura Baja California, S.A de C.V.
Por increíble que parezca, según el acta de falló emitida el 19 de diciembre de 2022, y firmada por el Jefe de Unidad Especializada en Licitaciones y Programas Emergentes del INVI, José Martín Manríquez Núñez, la obra fue asignada al concursante que ofreció el precio mas caro de todos los competidores.
Es decir, a la particular Dulce Marisol Núñez Medina. «Resultó solvente y económicamente conveniente para el Instituto de Vivienda de Baja California Sur«, transcribe el acta de falló de la propuesta ganadora.
La operación, según el análisis de la información, habría generado un quebrando financiero de un millón 639 mil 309 pesos con 24 centavos, tan solo en esa operación, tomando como referencia el costo de la obra contratada con la propuesta mas económica mas baja.
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Otro concurso con este tipo de practicas evidentemente ilícitas –según la investigación– es el LPO-0000000005-012-2023, elaborado con recursos del Programa de Apoyo para Accesos a la Vivienda Digna 2023.
La convocatoria del concurso contempló las mismas características de la obra anterior: Contratación de obra para la construcción de 12 recámaras con Baño Incluyente (RBI) de 21.30 metros cuadrados cada cuarto en la comunidad de Santa María de Toris, delegación de Los Dolores, en el municipio de La Paz.
En ese concurso por licitación fueron registradas las siguientes propuestas económicas casi al doble del anterior concurso:
1.- 5 millones 343 mil 950 pesos con 4 centavos por parte de Construcciones Mutalek, S.A de C.V.
2.- 4 millones 296 mil 964 pesos con 54 centavos presentada por Construcciones y Soluciones Lerma, S.A de C.V.
3.- 5 millones 154 mil 564 pesos con 72 centavos del particular Jacob Sánchez Pinedo.
La obra de construcción, según el acta de falló, fue asignada a la propuesta más cara, es decir a Jacob Sánchez Pinedo, generando un quebranto de 857 mil 600 pesos con 18 centavos, tomando en cuenta la obra contratada con la propuesta económica mas baja.
Lo más grave de todo esto, es que –de acuerdo a la investigación de la Contraloría General del Estado— la construcción de 12 recámaras con Baño Incluyente de 21.3 metros cuadrados, fue contratada a un evidente sobreprecio, tal y como puede verse en el análisis de costos en la siguiente gráfica.
Características de la obra | Lugar | Costo de propuesta ganadora | Costo de propuesta económica más baja |
12 recámaras con baño incluyente de 21.3 metros cuadrados | Colonia El Pitayal en el poblado de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo en Mulegé | $2,800,972.21 | $1,161,662.97 |
12 recámaras con baño incluyente de 21.3 metros cuadrados | Poblado Santa Ramaría de Toris en delegación de Los Dolores en La Paz | $5,154,564.72 | $4,296,964.54 |
Fuente: Investigaciones MetrópoliMx.
Lo anterior, de acuerdo a la investigación, el costo de la obra de las mismas características en Mulegé en comparación con las de La Paz, tiene una diferencia de 2 millones 353 mil 592 pesos con 51 centavos, lo que refleja que el costo presenta un sobreprecio verdaderamente exagerado.
A pesar de que la hoy ex directora del INVI, y cuando menos seis de sus principales colaboradores están bajo investigación de la Contraloría General del Estado por estas graves irregularidades, Fernanda Villarreal González, únicamente fue removida de su cargo y enviada como coordinadora de enlace político de la Secretaría General del Gobierno de Baja California Sur, gozando de impunidad y protección del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.
En tanto, el resto de sus colaboradores fueron cesados de sus cargos, aunque se espera que sean reacomodados tras el escándalo de corrupción en el INVI. Son los siguientes:
1.- Juan Manuel Reyes Cervantes, ex director de Administración y Finanzas.
2.- Pedro Murillo Sandez, ex director Técnico.
3.- Javier Armando Ramírez Manjarrez, ex jefe del Departamento de Contabilidad.
4.- Luis Daniel Gómez Verdugo, ex jefe del Departamento de Construcción
5.- Un auxiliar administrativo.
Ninguno de los involucrados ha sido denunciado penalmente por el primer escándalo de corrupción en el gobierno de Baja California Sur.
En otras palabras, ahora el gobernador mentiroso del estado no solo protege a supuestos acosadores y hostigadores sexuales, como Homero Davis Castro, Esteban Ojeda Ramirez y muchos mas que el mismo gobernador removió de sus cargos según su propio dicho, sino que ahora protege a supuestas ratas como se presume lo es Fernanda Villareal Gonzalez. A mi me parece que eso es pecata minuta; como estará el cochinero en las obras publicas de millones de pesos, a quienes se les asignan, solo sera cuestión de investigar en Sepui y otros menjurjes, en junta estatl de caminos, en comision estatl del agua, que a pesar de ser OPD, dependen de sepui, y esta supuesta rata dependia de sepui, , seria cuestión de investigar con la que firma en sepui, la dizque Arq, carolina armenta, se podrían ver sorpresas, a menos de 2 años de gobierno, se le hace mas bolas el engrudo, al que solo me parece, no lo afirmo, pero me parece esta recibiendo muy buenos Moches, el gobernador Victor castro.