La Paz, Baja California Sur.- La directora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, Fernanda Villarreal González, se encuentra bajo investigación, después de que la Contraloría General del Estado, aplicara una auditoría y detectara una serie de irregularidades administrativas.
Por lo anterior, el órgano de control interno, emitió un pliego de 40 observaciones y las cuales no pudieron ser solventadas en tiempo y forma.
De tal modo que la servidora pública de la 4T –junto con su equipo de trabajo– tuvo que ser separada de su cargo para que la Contraloría General del Estado, iniciara una investigación mas a fondo por presuntos malos manejos que involucran a una red de corrupción integrada por los siguientes servidores públicos:
1.- Fernanda Villarreal González, directora general.
2.- Juan Manuel Reyes Cervantes, director de Administración y Finanzas.
3.- Pedro Murillo Sandez, director Técnico.
4.- Javier Armando Ramírez Manjarrez, jefe del Departamento de Contabilidad.
5.- Luis Daniel Gómez Verdugo, jefe del Departamento de Construcción
6.- Un auxiliar administrativo.
Los involucrados, según las primeras indagatorias del modus operandis, ofrecían paquetes de construcción de 4 viviendas a empresarios del ramo, cobrando una supuesta comisión por la asignación indebida de las obras, lo que llevó al aumento desproporcionado de costos de las viviendas.
Al final, el más afectado era la persona que adquiría una casa de interés social porque, de acuerdo a la investigación, cada vivienda era vendida hasta mas de un millón de pesos.
Además, la Contraloría General del Estado, tiene información de que algunas de las empresas constructoras son familiares de servidores públicos involucrados en este jugoso negocio presuntamente ilícito.
La hoy ex directora Fernanda Villareal González, el ex jefe del Departamento de Contabilidad, Javier Armando Ramírez Manjarrez y el director técnico, Pedro Murillo Sandez, son investigados paralelamente por supuesto enriquecimiento ilícito.
El sueldo que percibieron durante todo este tiempo no corresponde a la fortuna amasada en tan solo dos años que incluye negocios, terrenos, casas, motos, autos y hasta yates.
Cabe destacar que la red de servidores públicos investigados por corrupción forman parte del grupo del secretario General de Gobierno, Homero Davis Castro, el secretario del Trabajo, Omar Zavala Agúndez y el director de FONMAR, Martín Inzunza Tamayo.
