El cobro por pesca de orilla que Martín Inzunza intentó justificar terminó provocando un frente ciudadano que exige frenar la medida y removerlo de FONMAR.
La Paz, Baja California Sur.– La polémica propuesta para cobrar 32 pesos por practicar pesca de orilla en Baja California Sur escaló a una nueva confrontación política y social, luego de que grupos de ciudadanos y pescadores comenzaron a organizarse para recolectar firmas y exigir la destitución de Martín Inzunza Tamayo como director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR).
La convocatoria, difundida a través de redes sociales, llama a la ciudadanía a participar este lunes 31 de agosto a las 5:30 de la tarde en el Monumento al Pescador del malecón de La Paz, donde se instalará un punto para reunir firmas bajo la consigna: “No al cobro de $32 por pescar de orilla”.
La movilización ocurre después de que Inzunza Tamayo entregara formalmente su propuesta de cobro de derechos a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, documento que fue recibido y turnado dentro de dicho órgano legislativo federal.
El hecho contradice la narrativa con la que el funcionario y las autoridades estatales han intentado minimizar el tema, al presentarlo públicamente como un supuesto rumor, una confusión o una campaña de desprestigio.
La propuesta del titular de FONMAR ha provocado críticas incluso dentro de la propia esfera política oficialista.
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Omar Torres, cuestionó públicamente la intención de establecer este cobro y planteó dudas sobre el destino que podrían tener los recursos, al preguntar si el dinero podría utilizarse con fines políticos, en medio de las aspiraciones que se han atribuido a Inzunza para buscar la Alcaldía de La Paz.
Torres también señaló que una medida de este tipo representaría un golpe para las familias que practican la pesca de orilla como actividad de autoconsumo.
Desde la oposición, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, también manifestó su rechazo y sostuvo que la pesca desde la playa forma parte de las prácticas tradicionales de las familias sudcalifornianas, por lo que se ha pronunciado en contra de imponer un cobro por esta actividad.
Así, el cuestionamiento dejó de ser exclusivamente una discusión en redes sociales. La propuesta llegó formalmente al Congreso de la Unión y generó pronunciamientos de legisladores locales y federales.
El punto que ahora genera mayor molestia entre los inconformes es precisamente la existencia de documentación que acredita que la propuesta fue presentada ante la Cámara de Diputados.
Por ello, los organizadores de la recolección de firmas consideran que el asunto no puede seguir siendo tratado como una simple controversia de redes sociales.
La exigencia de destitución coloca además bajo presión al titular de FONMAR, quien ha defendido su propuesta mientras sus detractores cuestionan la viabilidad, legalidad y alcance de pretender establecer un cobro sobre una actividad que se desarrolla en aguas y zonas cuya regulación corresponde al ámbito federal.
El reclamo de los pescadores y la sociedad en general es no convertir las playas de Baja California Sur en espacios sujetos a nuevos cobros para quienes únicamente buscan pescar para consumo propio.
La convocatoria difundida este lunes utiliza como consigna “¡Juntos defendemos nuestras playas!” y plantea no solamente frenar el cobro de 32 pesos, sino exigir la salida de Inzunza Tamayo de FONMAR.
El movimiento busca capitalizar el creciente descontento entre los pescadores, las familias y los ciudadanos que consideran que la propuesta representa una carga adicional para quienes históricamente han practicado la pesca desde la orilla.
Mientras la discusión llega al ámbito federal, en Baja California Sur comienza a tomar forma una protesta civil que pretende convertir las firmas en una señal política contra el funcionario abanderado por MORENA.
La pregunta ahora ya no es solamente si habrá o no un cobro de 32 pesos: es si Martín Inzunza podrá mantenerse al frente de FONMAR después de haber llevado formalmente esta polémica propuesta hasta la Cámara de Diputados.
