Gerardo Zúñiga solicita la creación de la “Ley Carlos Manzo” en BCS

El líder de los simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur, propuso castigo ejemplar contra que atente contra la vida de autoridades electas o designadas en tareas de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia.

La Paz, Baja California Sur.- Durante la mañana de este martes, el líder de los simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur, Gerardo Zúñiga, presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, solicitando una reforma al Código Penal del Estado.

La propuesta bautizada como “Ley Carlos Manzo” propone adicionar un Artículo 128 BIS al Código Penal del Estado, para tipificar el “Delito de Homicidio contra Gobernador o Gobernadora, Presidentas o Presidentes Municipales, Diputadas o Diputados Locales e Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia”.

El dirigente propuso sancionar penalmente con 35 y hasta 60 años de prisión contra quien o quienes priven de la vida al titular del Poder Ejecutivo Estatal, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas e integrantes de instituciones de Seguridad Pública, Procuraduría y Tribunal Superior de Justicia, como son los siguientes:

1.- Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, subsecretarios, directores, comandantes y jefes de grupo.

2.- Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, subprocuradores, directores, comandantes y jefes de grupo.

3.- Magistrados y jueces.

En la explicación de motivos, Gerardo Zúñiga, expuso que el crimen del líder del Movimiento Independiente del Sombrero, Carlos Manzo, es el punto de quiebre que obliga a la sociedad a no normalizar la violencia y exigir justicia.

Cuando se asesina a una autoridad electa, se mata la representación popular, la confianza ciudadana y la esperanza de quienes depositaron su voto en la democracia”, consideró.

El líder reconoció que hasta este momento no se ha presentado el crimen de un diputado o alcalde en el estado, pero “no debemos de esperar a que esto ocurra para tener una legislación que sancione de manera ejemplar a quien o quienes cometan este tipo de delitos, en la inteligencia de que quienes son ciudadanos los que tienen acceso a estos cargos, y por lo tanto, debe tutelarse su bien jurídico más preciado que es la vida”.

Sin embargo, expuso que sí se han presentado casos muy lamentables como el del ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, asesinado el 25 de febrero de 2026.

Debemos de proteger la función también de quienes tienen mando y son parte de las instituciones de Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia”, citó textualmente.

El líder de los simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero, dijo que “hoy estamos dando un paso adelante, presentado esta iniciativa ciudadana, como un reconocimiento a la memoria del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez”.

Dijo que el crimen de una autoridad electa o designada en Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, no debe ser tratado como un homicidio común.

Es un delito que trasciende la esfera individual, representa un ataque directo contra el Estado, la sociedad, contra el orden constitucional y contra el sistema democrático de cualquier Gobierno”, consideró, por lo que se “requiere de una investigación inmediata, recursos especializados y una respuesta ejemplar”.

El crimen de Carlos Manzo, es una llamada de emergencia a todos los Poderes Legislativos de México, porque estos actos deleznables, no deben de volver a repetirse, y no debemos de dejar sin protección sin justicia y sin respaldo legal suficiente a ninguna autoridad”, opinó.

Finalmente, dijo que el crimen del líder del Movimiento Independiente del Sombrero, Carlos Manzo, no puede quedar en la memoria colectiva como un hecho más.

Su muerte debe ser el detonante de un cambio estructural de las leyes en nuestro estado, porque tipificar el homicidio contra representantes populares o representantes de la Ley, es un acto de justicia, reconocimiento y protección a quienes enfrentan la adversidad de sus pueblos”, finalizó.

Cabe destacar que la propuesta, es una réplica de la Iniciativa de Ley, presentada por el diputado independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Alejandro Tafolla Bautista, solo que en una versión mayormente amplificada hacia otras esferas gubernamentales.

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