La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, y la presidenta municipal de Comondú, Iliana TalamantesHiguera, se encuentran bajo investigación federal, después de que el pasado 27 de diciembre fueran denunciados penalmente por delitos electorales.
La denuncia penal en su contra fue presentada en la Fiscalía General de la República (FGR), pero el pasado 4 de enero, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) en la Ciudad de México.
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El pasado 21 de diciembre, los tres gobernantes recibieron a la precandidata a presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, en el aeropuerto internacional de San José del Cabo, difundiendo fotografías y videos en sus redes sociales en horario laboral, en el marco de un proceso interna de MORENA.
Sin embargo, la Ley Electoral, prevé que, los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno, tienen que abstenerse de hacer propaganda en horario laboral, así como usar recursos públicos, bienes, fondos o servicios, en virtud de que pudieran incidir en posicionar a un precandidato, lo que no fue observado por Víctor Manuel Castro Cosío, Milena Paola Quiroga Romero e Ileana Talamantes Higuera, cuya conducta está tipifica como delito electoral.
Peor aún.
La conducta delictiva fue consumada, con la difusión en la cuenta oficial de Facebook de la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, anunciando la llegada de la precandidata presidencial de MORENA.
Además, los tres gobernantes acompañaron a Claudia Sheinbaum Pardo al mitin convocado por los partidos políticos Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, durante una conferencia de prensa celebrada un día antes del evento político.
El delito electoral fue consumado por el uso de la cuenta oficial de Facebook de la Presidenta Municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero y el uso de un vehículo oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para difusión y traslado de la precandidata presidencial de MORENA, lo cual se tipifica en los numerales 11 fracciones III y IV y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a la letra dice:
Articulo 11.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;
- Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;
“Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”, cita textualmente ademas el Artículo 11 Bis.
Las conductas delictivas de Víctor Manuel Castro Cosío, Milena Paola Quiroga Romero e Ileana Talamantes fueron denunciadas penalmente, en virtud de actuar en perjuicio del recurso público, así como incidireron en el posicionamiento de la precandidata, de manera ventajosa e ilegal, ya que hicieron uso de los bienes e investidura gubernamental por ser servidores públicos.
