Los Cabos, Baja California Sur.- A un año y cinco meses de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró una inversión de mil 600 millones de pesos para el destino de Los Cabos, repartidos en dos megaproyectos, ni la desalinizadora ni mucho menos el Programa de Mejoramiento Urbano, pudieron aterrizar en el municipio cabeño.
Y justo cuando la administración de la morenista Jesús Armida Castro Guzmán entra en su ocaso político, este viernes 7 de agosto, el jefe del Ejecutivo Federal hace su arribo a este destino turístico, en una gira que dio inicio en el estado de Nayarit, continuando por Sinaloa y Sonora, y posteriormente la parte sur de la península de Baja California.
En los eventos públicos donde ha llegado, el presidente ha realizado nuevos anuncios estruendosos de obras y beneficios para la sociedad, que todavía se enfrenta a una pandemia mundial que en el país ha arrojado más de 43 mil muertos confirmados en tan sólo 5 meses, desde que el 28 de febrero se confirmaron los primeros dos casos de Covid-19 en México.
En Baja California Sur, por lo menos en el municipio de Los Cabos, los proyectos anunciados quedaron solo en planes aplazados, croquis incompletos, licitaciones sin ser lanzadas, ilusiones en un pueblo y en colonias precarizadas por el paso de ambiciosas administraciones que han perpetrado un despojo sin fin a la sociedad.
Ahora, con su tercera gira por el estado, desde que tomó posesión, Andrés Manuel López Obrador, podrá volver a vender los mismos proyectos que ya deberían estar a mitad de camino: la famosa desaladora de Cabos San Lucas, la cual apenas se acaba de aprobar que se autorice una licitación pública nacional, bajo fuertes sospechas de que será asignada a empresas fantasmas del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, las mismas que trabajan en obras y proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Jesús Armida Castro Guzmán en Los Cabos por mediación del coordinador de Programas Federales, Víctor Manuel Castro Cosío.
Después de que venció el segundo plazo aprobado por el Cabildo de Los Cabos -el primero fue en noviembre de 2019 y el segundo en enero de 2020-, el cual en enero pasado votó para que el proyecto quedara “congelado” por seis meses más, por fin, el pasado 3 de agosto, y previendo la visita presidencial, en la veinteaba sesión del cuerpo edilicio, se proceso que, ahora sí, se lance la licitación por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Saneamiento y Alcantarillado de Los Cabos, envuelto en graves acusaciones de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, lo que no representa el “cambio verdadero”, prometido por el actual presidente de México.
Hasta el 6 de agosto, tres días más tarde, el portal de CompraNet del gobierno federal, que debe registrar de manera transparente todos los concursos de esta naturaleza, no reportaba la publicación de dicha licitación, tal y como Metrópolimx, pudo comprobarlo en una búsqueda exhaustiva.
Mucho menos se encuentra en los portales de transparencia de la OOMSAPAS ni del Ayuntamiento de Los Cabos, el cual, según una serie de denuncias presentadas por este medio en la Plataforma Nacional de Transparencia en contra del gobierno de Jesús Armida Castro Guzmán, no cumple plenamente con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur.
El incremento oneroso de la desaladora
Lo que sí se pudo confirmar por parte del Tesorero del Ayuntamiento de Los Cabos, Rigoberto Arce, es que el proyecto de la desaladora pasó primero de un poco más de 800 millones de pesos, luego a mil millones, y tras la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada durante la gestión de Daniel Ayala Beltrán, establece que el monto es de mil 160 millones 464 mil 508 pesos.
Sin embargo, ahora, el proyecto inverosímilmente, se elevó a un costo de más de cuatro mil 634 millones 963 mil 931 pesos, sin contar el Impuesto al Valor Agregado y otros rubros pendientes.
Durante una entrevista en una mesa de diálogo, Rigoberto Arce, salió a justificar:
“Los proyectos que presentaron la administración anterior, y que de alguna manera no se concluyó, porque no les dio el tiempo para concluirlo, no solamente es la autorización de cabildo o la autorización del Congreso, y ya se va hacer la desaladora”, indicó y explicó que la administración de Armida Castro no estuvo de acuerdo en la creación de un fideicomiso para la gestión de los recursos del organismo por 25 años.
“La garantía de pago se iba a garantizar para que el omsapas todos lo que cobraba durante 25 años se iba a este fideicomiso, y entonces iba a empezar a pagar de manera prioritaria, primero el servicio de la desaladora, luego a los trabajadores, enseguida a los proveedores, lo que se estaba haciendo era hipotecar al Organismo durante los próximos 25 años”, apuntó.
Argumentó que desde que entró el gobierno de Armida, para no hacer esa hipoteca, comenzaron pláticas con la Comisión Nacional del Agua, Banobras, el Fondo de Infraestructura, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas del Estado.
“El Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) dará a fondo perdido lo que mencionas, y eso no lo va garantizar la actual administración”, explicó.
Es decir, el Fondo Nacional aportará supuestamente 669 mil 900 millones de pesos a fondo perdido, sin que el gobierno municipal, comprometa recursos propios.
Reiteró que el esquema de Asociación Público-Privada con el que se pretendía construir la desaladora en los anteriores proyectos, era hipotecar recursos.
“Nosotros no podíamos hipotecar 25 años un OOMSAPAS que tiene que ir acorde con la dinámica de crecimiento de Los Cabos”, justificó.
Indicó que el motivo por el cual estaba el fideicomiso que gestionaría las garantías de pago de la planta, era debido a que el Ayuntamiento de Los Cabos no tenía fortaleza financiera para sostener un proyecto de este tipo.
Habló del préstamo que arrastra como deuda a la banca de 330 millones de pesos, el cual se soliticó en la Décima Administración en 2009, que inicio con 250 millones.
Con el paso de los años, el empréstito se reestructuró y ahora continúa afectando a la comuna.
Refirió que en enero pasado se reestructuró de nuevo el préstamo, pasando de Banorte a Santander para disminuir las participaciones comprometidas, y así poder liberar un 75 por ciento dichas participaciones federales.
“Al liberarse eso, el Fondo de Infraestructura dio la oportunidad que se cambiara el proyecto de la desaladora, y quedó el fideicomiso total por un lado; entonces se usará el fideicomiso para comprometer el funcionamiento, pero no para garantizar por 25 años”, aseguró.
Aseguró dejar en claro que el Ayuntamiento “no pondrá un solo peso”, ya que los 500 millones del Fonadin a fondo perdido y los 250 millones del Fonadin para la mejor integral de gestión, para nosotros son de 750, eso lo pondrá el fondo, y la contraparte, la pondrá la empresa ganadora de la Licitación”.
Es decir, tras una explicación técnica detallada, el Tesorero de Los Cabos, trató de convencer a la opinión pública que el Municipio, no gastará recurso propio, no comprometerá sus participaciones, y tácitamente justificó la tardanza para lanzar la Licitación Internacional.
La MIA del proyecto
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), realizada por el grupo Ambios a nombre del organismo operador, y dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizó en junio de 2019, y señala que se ubica en el Faro del Océano Pacífico, Cabo San Lucas.
Se trata de un proyecto que comenzó a planearse desde 2017, cuando el Cabildo autorizó con fecha del 16 de agosto de ese año el cambio de uso de suelo de una superficie de 15 mil metros cuadrados, y para llegar a él, se tiene el acceso de la carretera Transpeninsular Cabo San Lucas-Todos Santos. En ese momento estaba el alcalde del PAN, Arturo de la Rosa.
En la MIA, realizado cuando estaba de director de OOMSAPAS, Daniel Ayala Beltrán(defenestrado, cuando se descubrió que un hijo de Armida Castro, cobraba como aviador), se asegura que no está dentro de ningún área natural protegida.
Va de nuevo
Así pues, fue en la sesión de Cabildo del lunes 3 de agosto pasado, vencido el plazo de los 6 meses autorizado en enero, en que la alcaldesa Armida Castro, a la que le queda un año de gestión, dijo que esta obra “era un compromiso el dar respuesta a la ciudadanía sobre tema del agua”.
“La obligación que tenemos es prever y visualizar que no se viva una situación de asaces de agua”, enfatizó.
Explicó que, ahora sí, se han realizado cada uno de los estudios correspondientes y se han buscado los fideicomisos más viables para que la infraestructura del Oomsapaslc mejore, y con ello, la calidad de vida de los sanluqueños.
La duración de la planta sería de 25 años, una vez echada a andar.
Los Cabos.. ¿Late?
Pero mientras la desaladora aplazó una y otra vez la construcción, envuelta en una serie de planes y trámites burocráticos, también el Programa de Mejoramiento Urbano, anunciado hace más de 17 meses, tampoco ha aterrizado en las 13 colonias que se tiene proyectado.
Los buques insignia de la “Cuarta Transformación” siguen sin navegar la mar para beneficio social de Los Cabos.
Con una alcaldesa rica, y un pueblo verdaderamete pobre, Andrés Manuel López Obrador estuvo, como se dijo, el 3 de marzo de 2019 en Los Cabos para poner en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano denominado México Late, el cual se aplicaría en 15 ciudades, de las que 5 eran destinos turísticos nacionales e internacionales.
El programa –entre otros– estaba dirigido para al menos 13 colonias marginadas del municipio de Los Cabos.
Ese día, en el estadio de béisbol de Cabo San Lucas, mientras alrededor de 5 mil simpatizantes echaban olas, el presidente “amarró” 600 millones para este destino turístico, el más importante de la Península de Baja California.
Desgraciadamente, el proyecto no ha avanzado, se ha quedado en un croquis que cualquiera puede revisar en la página oficial de la SEDATU, en donde se ilustra el polígono que abarcará el apoyo para las colonias marginadas, bajo el esquema de que no puede haber destino turístico para ricos y colonias de pobres.
A lo sumo, el secretario Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, acudió al municipio a realizar recorridos donde jóvenes entusiastas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizaron estudios topográficos, de suelo y de infraestructura para identificar las colonias con mayores carencias.
“Quiero puntualizar que para la SEDATU es muy importante que las obras que se realizarán en la entidad se lleven a cabo con supervisión y acompañamiento técnico, para garantizar su calidad y eficiente ejecución”, subrayó el Secretario el 27 de febrero de 2019, ya hace más de 17 meses.
Dijo que la SEDATU “cuenta con un estudio georrefencial –integrado con más de 4 millones de datos ya clasificados- que se utilizó como “herramienta para determinar las zonas en que tendrá impacto mayor positivo la construcción de viviendas, escuelas, centros deportivos, culturales y espacios públicos adecuados, con iluminación y seguridad”.
Pero a unos 13 meses de que concluya la administración de Jesús Armida Castro Guzmán, estos dos importantes proyectos impulsados desde el gobierno de la Cuarta Transformación, simplemente y llanamente, descansan en planes, números, propuestas, estudios y muchisima saliva para lograr la materialización.
