Tras semanas de protestas y movilización ciudadana, el gobierno de Baja California Sur pidió revisar y eliminar el decreto federal que desató temor por la llegada de megacruceros a Loreto.
Loreto, Baja California Sur.- Tras semanas de protestas, foros, presión social y defensa ambiental, el pueblo de Loreto consiguió lo que parecía imposible: llevar su exigencia hasta el más alto nivel del poder.
La lucha contra el decreto que abrió la puerta a la llegada de megacruceros al Parque Nacional Bahía de Loreto logró un giro histórico.
El Gobierno de Baja California Sur fijó una postura contundente, la de solicitar formalmente la eliminación del decreto federal que ha generado preocupación por posibles afectaciones ambientales en el destino turístico.
La reunión sostenida la tarde del 19 de mayo entre representantes ciudadanos y el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, marcó un punto de quiebre en uno de los movimientos ambientales más relevantes que ha vivido Baja California Sur en los últimos años.
A la mesa acudieron integrantes de la Unión de Cooperativas, Grupo Ballena Azul Loreto, prestadores de servicios náuticos, autoridades municipales, representantes federales, personal de dependencias ambientales, así como integrantes de organismos relacionados con la actividad marítima y conservación.
Durante el encuentro volvió a surgir la postura oficial que durante semanas generó inconformidad entre habitantes: que el decreto federal relacionado con puertos y terminales marítimas obedecía únicamente a un procedimiento administrativo.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando, durante el diálogo, se reconoció públicamente que la solicitud original del decreto provino de la Administración Portuaria Integral (API), confirmando una sospecha que durante semanas había circulado entre decenas de ciudadanos y organizaciones.
Después vino el anuncio político que terminó por cambiar el rumbo del conflicto.
El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y confirmó que enviará formalmente la solicitud para dejar sin efecto el decreto federal, además de pedir la revisión inmediata del Plan de Manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto.
El posicionamiento fue acompañado también por la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador, quien respaldó la exigencia ciudadana. Además, uno de los compromisos que más resonó entre los asistentes fue la postura expresada durante el encuentro:
“No llegarán megacruceros a Loreto mientras continúe la defensa del modelo turístico sustentable y la protección ambiental de la región.”
La controversia no solo se mantiene en el terreno político. Esta misma semana un juez federal otorgó una suspensión provisional contra el decreto que reclasifica a Loreto como puerto de altura y cabotaje, frenando temporalmente sus efectos mientras continúa el análisis del juicio de amparo promovido por organizaciones civiles y ambientalistas.
El movimiento ciudadano sostiene que permitir operaciones de gran escala dentro de una de las zonas ecológicas más importantes del país podría provocar:
-Impacto en ecosistemas marinos protegidos.
-Contaminación acústica y marítima.
– Presión sobre servicios públicos y recursos naturales.
-Riesgos para especies protegidas.
-Afectaciones al turismo ecológico y pesca sustentable.
El Parque Nacional Bahía de Loreto representa uno de los principales tesoros ambientales de Baja California Sur. Sus aguas albergan especies protegidas, rutas de avistamiento de ballenas y actividades económicas que dependen directamente de la conservación.
Con este firme revés al decreto presidencial, para las autoridades estatales y federales quedó claro que cuando una comunidad se organiza, presiona y mantiene firme su causa, puede cambiar decisiones, puede cambiar gobiernos, y puede obligar a que una voz local llegue hasta el Palacio Nacional.
