Promueven juicio contra obscuridad y opacidad de gobierno de BCS

MetrópoliMx promovió un juicio en el ITAI e INAI, después de que la SFyA, se negarse a entregar información del proveedor de auditorías.

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La Paz, Baja California Sur.- El Consejo Editorial de MetrópoliMx, tomó la decisión de combatir la obscuridad y opacidad del gobierno del estado de Baja California Sur.

Por lo anterior promovió un juicio en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 21 de octubre, y con fundamento en el Artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, este medio de comunicación, solicitó el nombre del proveedor, el curriculum y el contrato firmado con el proveedor que realiza las auditorías al ex gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Quedó registrado en el expediente 030075821000039.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Administración, ocultó la información y se negó a entregarla.

El argumentó fue que el “Comité de Transparencia”, había clasificado como reservada la información del proveedor, justificando que “su divulgación obstruye o puede causar un serio perjuicio a las actividades de fiscalización, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las leyes”.

Al difundir la información inherente a la contratación (contratos) y curriculum de la empresa contable, ello impida u obstaculice el llevar a buen término la auditoría externa al sexenio del ex gobernador Carlos Mendoza Davis”, citó textualmente en su respuesta la Secretaría de Finanzas y Administración.

Sin embargo, la respuesta no funda ni motiva debidamente las razones, motivos o circunstancias que llevaron al “Comité de Transparencia” a concluir que la información requerida, debe ser considerada como “confidencial o reservada”.

Particularmente, la información solicitada del proveedor, desde luego que no obstruye ni causa perjuicio a las actividades de fiscalización, inspección, comprobación y auditorías.

Lo anterior, en virtud de que MetrópoliMx, no solicitó los resultados de una investigación contable que está en proceso.

Al ser la obstrucción de actividades de verificación, inspección y auditoria”, la principal causa de la reservación de la información, es más que evidente que el “Comité de Transparencia” de la Secretaría de Finanzas y Administración, podría utilizar el mismo argumento como un supuesto. En el futuro, de manera general, puede reservar la información de todos los proveedores.

La acción es verdaderamente grave y violenta el derecho al acceso a la información pública y al principio de máxima publicidad.

El Artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, establece claramente que “en ningún caso, los sujetos obligados (Secretaría de Finanzas y Administración, entre ellos) podrá clasificar de manera discrecional la reserva o confidencialidad de la información que tenga en su poder, en todos los casos, deberá sujetarse de manera estricta a los supuestos y procedimientos previstos en la Ley”.

Es decir, la única información que se puede reservar es aquella qué encuadre jurídicamente en seguridad nacional o en interés público.

El Artículo 75 Fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, obliga a la Secretaría de Finanzas y Administración, en este caso, a poner a disposición del público, entre otras cosas, “la información sobre los resultados de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza”. Está incluida la contratación de auditorías, exhibiendo la versión pública del expediente respectivo y los contratos celebrados.

Así, y de esta manera, MetrópoliMx, combate la obscuridad y opacidad del gobierno de Baja California Sur. Hoy, busca que el ITAI y el INAIgaranticen el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad, y eviten que puedan ser vulnerados, cuando se pretende esconder la información.

De lo contrario, y de permitir este atropello, el gobierno de Baja California Sur, en un futuro, podrá ocultar –bajo el mismo argumento– todos los contratos con proveedores.

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