El regidor Jorge Altamirano rechazó categóricamente los señalamientos de su sobrina Valeria, quien lo acusó de haberla acosado sexualmente.
La Paz, Baja California Sur.- El conflicto familiar que involucra al décimo regidor del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Altamirano Ramírez, llegó el viernes 2 de octubre a la vía legal, luego de que el funcionario acudiera al Centro de Justicia Penal para presentar una denuncia relacionada con las publicaciones realizadas en redes sociales por su sobrina Valeria, quien días atrás lo señaló públicamente por un supuesto comentario de carácter sexual.
A las afueras de las instalaciones judiciales, Altamirano negó categóricamente la acusación y sostuvo que cuenta con elementos para respaldar su versión de los hechos. “Niego categóricamente cualquier acusación que se me ha hecho en este sentido. Lo niego totalmente”, declaró.
El regidor explicó que decidió acudir ante las autoridades después de que los señalamientos fueran difundidos públicamente y, según dijo, afectaran su imagen. Sin embargo, aclaró que todavía desconoce bajo qué posible delito será analizado el caso por el Ministerio Público y evitó asegurar que se trate específicamente de una denuncia por difamación.
Su postura, dijo, es que sean las autoridades competentes quienes revisen las circunstancias y determinen jurídicamente qué procede. Uno de los puntos centrales de la respuesta del funcionario son las conversaciones que habría sostenido con su sobrina.
Cuestionado sobre los mensajes mencionados públicamente por Valeria, Altamirano afirmó contar con la conversación completa y aseguró que la entregará al Ministerio Público como parte de los elementos con los que pretende respaldar su versión.
“Yo tengo las pruebas suficientes, hay que entregarlas al Ministerio Público, yo sí tengo el chat completo”, afirmó, “Estoy aquí y que sea la autoridad la que determine eso”, agregó.
El regidor evitó proporcionar mayores detalles sobre el contenido de las conversaciones, argumentando que el caso comenzará a ser tratado por la vía legal. “Por cuestiones de estrategia yo ahorita ya no puedo adentrar mucho más en el tema legal”, señaló.
El señalamiento contra Altamirano surgió públicamente el 30 de septiembre, cuando Valeria, propietaria del negocio “Saldos Vale”, difundió en redes sociales su versión sobre un episodio que, según relató, habría cambiado la relación cercana que mantenía con su tío.
De acuerdo con el testimonio publicado por la joven, durante años consideró a Altamirano una figura de apoyo e incluso paterna. Sin embargo, afirmó que durante una convivencia en un restaurante-bar el funcionario se habría acercado para hacerle un comentario de carácter sexual, asegurándole que la veía “como mujer” y que entre ambos “no podía pasar nada”.
Valeria relató que posteriormente abandonó el lugar y que habría recibido mensajes de Instagram en los que su tío presuntamente le ofreció disculpas.
Frente a las acusaciones, el regidor sostuvo que durante años mantuvo una relación cercana con su sobrina y negó haber cometido la conducta que se le atribuye.
“Siempre ha tenido mi respaldo, mi apoyo y mi cariño. De verdad, no sé con qué intención lo estén haciendo”, manifestó. También aseguró que no ha buscado acercarse a Valeria después de que los señalamientos se hicieron públicos.
Respecto a su relación con el padre de la joven, quien es su hermano, Altamirano afirmó que ésta continúa siendo cercana.
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El funcionario también señaló que desconoce si las acusaciones difundidas por Valeria ya derivaron en una denuncia formal en su contra. En contraste, confirmó que él acudió ante las autoridades para presentar su propia denuncia y solicitar que se investiguen las publicaciones y las circunstancias relacionadas con el caso.
Tras la confrontación pública de versiones, el caso se encamina ahora hacia la vía institucional. Por un lado, permanece el testimonio difundido por Valeria, quien atribuyó a su tío un comentario de carácter sexual que, según su relato, provocó una ruptura en la relación familiar.
Por otro, Altamirano niega completamente la acusación y afirma contar con conversaciones y otros elementos que entregará al Ministerio Público para sustentar su versión. Será la autoridad competente la que determine si existe una investigación formal, qué conductas serán materia de análisis y, en su caso, qué responsabilidades jurídicas podrían derivarse.
