A menos de un año de dejar el cargo como gobernador, Víctor Castro no ha aclarado el destino de una cifra astronómica, mientras detrás de un aparente pacto de impunidad el dinero público sigue "en el aire".
La Paz, Baja California Sur.- Una bomba de tiempo de proporciones épicas estalló en el corazón del gobierno del estado. La administración de Víctor Manuel Castro Cosío, el “gobernador de las risas y los pretextos“, ha sido señalada por la desaparición de más de 5,500 millones de pesos del erario público, una cifra monumental que hoy, a un año y medio de su salida del cargo como coordinador de programas federales y poco antes de asumir la gubernatura, sigue “en el aire” y sin ser solventada.
El presunto desfalco, que Metrópoli Mx ha seguido de cerca, ha sido destapado por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en múltiples informes ha señalado graves irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el periodo en que Castro Cosío estuvo al frente de la Delegación del Bienestar en la entidad.
Sin embargo, el hoy mandatario ha evadido dar explicaciones claras, optando por la descalificación, los ataques mediáticos y los argumentos banales para ocultar la realidad: el dinero, simplemente, no está.
De acuerdo con la información en poder de este medio, la mayoría de los recursos observados por la ASF corresponden a presuntas irregularidades en programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las becas “Benito Juárez” y otros apoyos federales.
Las observaciones de la auditoría señalan la falta de documentación comprobatoria, el desvío de recursos a fines no autorizados, la existencia de beneficiarios fantasma y la falta de transparencia en la asignación de los apoyos.
La opacidad en el manejo de estos recursos ha generado sospechas de una red de corrupción operando al interior de la administración de Castro Cosío, con la presunta complicidad de funcionarios de alto nivel, incluidos aquellos que hoy ocupan puestos de primer nivel en su gobierno.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que el mandatario ha buscado a toda costa “que le cubran las espaldas“, utilizando su cargo para presionar a las instituciones y evitar que se llegue al fondo del asunto.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el Congreso del Estado de Baja California Sur, con una mayoría controlada por el partido de Castro Cosío (MORENA), ha mantenido un silencio cómplice, negándose a llamar a cuentas al gobernador o a iniciar una investigación independiente.
El pacto de impunidad parece haberse sellado en las más altas esferas del poder, dejando a la ciudadanía sudcaliforniana a merced de una administración que, lejos de combatir la corrupción, la perpetúa.
El presunto desfalco de los 5,500 millones de pesos ha puesto en riesgo la estabilidad económica y social de Baja California Sur, con posibles repercusiones en áreas clave como la salud, la educación y la seguridad. Mientras tanto, el gobernador sigue adelante con su agenda de “risas y pretextos“, ignorando las voces que exigen justicia y transparencia.
