Sarai Domínguez denunció que la delegada Alma Pérez habría utilizado un vehículo oficial para acompañar a los familiares de uno de los presuntos homicidas a una audiencia relacionada con el caso de Saúl Castro.
La Paz, Baja California Sur.- A más de 7 meses de la muerte de su esposo, Sarai Domínguez Pardini volvió a alzar la voz y lanzó un duro señalamiento contra la delegada municipal de El Pescadero, Alma Pérez, a quien acusa de haber utilizado un vehículo oficial y recursos públicos para acudir a una audiencia relacionada con el homicidio de Saúl Castro Pérez.
A través de una denuncia pública, la viuda cuestionó que la funcionaria, quien –según afirma– se había declarado “neutral” en el caso, se presentara a la audiencia acompañando a familiares de los presuntos responsables, entre ellos a parientes de su yerno, Jésus “N”, uno de los imputados y quien es el esposo de su propia hija, para brindarle apoyo durante el proceso judicial.
El señalamiento más grave apunta al supuesto uso de un vehículo oficial de la Delegación Municipal de El Pescadero, adscrita a la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur, para trasladarse a la audiencia durante horario laboral. Domínguez Pardini cuestionó que se utilizaran recursos públicos para un asunto que, asegura, sería ajeno a las funciones de la servidora pública.
Pero la acusación va más allá. La viuda sostiene que, cuando solicitó apoyo a la delegada para localizar y detener a los presuntos responsables del asesinato de Saúl, Alma Pérez habría argumentado que no le correspondía intervenir y que “no había gasolina para las patrullas”.
“¿Para usar el carro de la delegación en asuntos personales sí?”, cuestionó públicamente Sarai, quien además acusó a la funcionaria de haber utilizado vehículos oficiales para llevar comida a los presuntos responsables mientras permanecían prófugos y ayudarlos a mantenerse ocultos.
Estas últimas acusaciones corresponden al testimonio y señalamiento directo de la viuda y no han sido acreditadas públicamente mediante una resolución de autoridad. De confirmarse, implicarían cuestionamientos no sólo sobre la actuación de una funcionaria municipal, sino sobre el posible uso de recursos públicos en favor de personas vinculadas con un proceso penal.
Ante ello, Sarai Domínguez hizo nuevamente un llamado al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para que intervenga y se investigue la actuación de la delegada, al considerar que funcionarios públicos estarían interfiriendo en el caso de su esposo.
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La mujer sostiene que, desde el inicio del proceso, ha percibido una actuación favorable hacia los presuntos agresores y exige que se determine si hubo uso indebido de vehículos oficiales, recursos públicos o cualquier otra forma de apoyo institucional.
Mientras el proceso judicial por el asesinato de Saúl Castro continúa, la denuncia coloca nuevamente bajo el ojo del huracán a funcionarios de El Pescadero. La familia de Saúl Castro demanda que las autoridades investiguen los señalamientos y que, de existir responsabilidades administrativas o penales, se actúe conforme a derecho.
Fue la madrugada del 15 de enero de 2026 cuando Sául Catro Pérez, de 42 años, perdió la vida cuando estaba internado en terapia intensiva en el hospital Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz, después de la brutal golpiza que sufrió por parte de 6 sujetos el 25 de diciembre del 2025 en el poblado de El Pescadero.
Todos los responsables de la agresión contra Saúl estaban prófugos de la justicia desde aquel día de navidad, pero no pudieron esconderse por mucho tiempo. Los primeros que cayeron fueron Bryant “N” y José Manuel “N”, quienes fueron detenidos el 27 de enero de 2026 en la colonia Los Álamos, de La Paz.
Un mes y medio después, quedaron detenidos los otros cuatro implicados en el crimen: Jesús –yerno de la delegada de El Pescadero– Sodgy, Orlando y Sergio “N”. El cuarteto de criminales cayó el 12 de marzo tras ser sacados de su escondite en la colonia El Zacatal, de San José del Cabo.
De acuerdo con los artículos 144, 271 y 272 del Código Penal de Baja California Sur, los seis imputados por el homicidio de Saul Castro podrían alcanzar una sentencia condenatoria de hasta 50 años en prisión, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reclasificó la carpeta de investigación del caso por lesiones a homicidio calificado con ventaja y alevosía.
