Abren investigación contra aviadores del Programa de la Educación Inicial en BCS

Los supuestos "agentes educativos", según la Carpeta de Investigación LPZ/6251/2022/NUC, desde 2021, fingen trabajar en el CENDI.

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La Paz, Baja California Sur.- Contraviniendo los principios de transparencia, eficiencia, legalidad y honradez, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, desvió recursos federales que fueron etiquetados para que fueran destinados única y exclusivamente para la operación e implementación del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el Estado.

Convenio para la Operación del Programa de Expansión de la Educación Inicial en BCS.

Durante el ejercicio fiscal de 2021 y 2022, según pruebas documentales que obran en la Carpeta de Investigación LPZ/6251/2022/NUC de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el recurso federal fue destinado al pago de sueldos de cinco aviadores que fueron inscritos irregularmente en la nómina como supuestos «trabajadores voluntarios» en el capítulo 4000.

Los supuestos agentes educativos, de acuerdo a la investigación iniciada por la PGJE, cobran sueldos que van desde 4 mil 766 pesos con 66 centavos hasta 24 mil 744 pesos con 44 centavos mensuales, fingiendo trabajar en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) «Tierra y Libertad«.

Los supuestos trabajadores son:

1.- Jesús Lucio de la Trinidad Rangel, registrado como «asesor de calidad e innovación«, cobrando un sueldo de 24 mil 744 pesos con 44 centavos. El presunto trabajador habría suplido en el cargo al actual regidor del PT, Néstor Alejandro Araiza Castellón, Representante Legal de la Coordinadora Popular «Tierra y Libertad», A.C., administradora del CENDI «Tierra y Libertad» y CENDI en Puerto San Carlos. Sin embargo, jamás se ha presentando a laborar, por lo que ningún empleado lo conoce.

2.- Dulce María Hirales Contreras, inscrita como «supervisora«, ganando un sueldo de 23 mil 633 pesos con 33 centavos. Sin embargo, la presunta trabajadora del CENDI, desde el primero de noviembre de 2021, es empleada adscrita al Departamento de Centros Asistenciales responsables de  Centros de Desarrollo Comunitario en Zona A del XVII Ayuntamiento de La Paz.

3.- Concepción del Carmen Lucero Olachea, registrada como «empleada de servicios generales«, del CENDI, ganando un sueldo de 6 mil 766 pesos con 66 centavos, desde el primero de noviembre de 2021, es empleada adscrita a la Coordinación de Participación Ciudadana del XVII Ayuntamiento de La Paz.

4.- Pedro Mario Ramírez Osuna, inscrito como «maestro VNF«, cobrando un sueldo de 4 mil 766 pesos con 66 centavos, desde octubre de 2021, es director del Deporte Municipal del XVII Ayuntamiento de Comondú.

5.- Arafat Moreno Maciel, registrado como «maestro cocurricular y de VNF«, ganando un sueldo de 13 mil 244 pesos con 44 centavos, es desde el primero de octubre de 2021, asesor del diputado del PT, Luis Armando Díaz.

Cheque expedido a Arafat Moreno Maciel, como asesor del diputado del PT, Luis Armando Díaz.

El supuesto trabajador del CENDI, es hermano de la directora, Arlen Moreno Maciel e hijo de la delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado, María Mercedes Maciel Ortiz.

Los tres familiares son integrantes del grupo político del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

El presunto empleado del CENDI, tiene actualmente un contrato de trabajo individual con vigencia del primero de octubre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024, firmado por el administrador y oficial mayor del XV Legislatura del Estado, Mario Carrillo Lerma y Adrián Chávez, respectivamente.

Contrato individual de trabajo de Arafat Moreno Maciel expedido por el Congreso del Estado de Baja California Sur.

Los cinco supuestos trabajadores del CENDI, fueron denunciados penalmente el pasado 19 de septiembre por los delitos de hechos de corrupción de servidores públicos, ejecutados en perjuicio del patrimonio de Estado de Baja California Sur, por fingir un empleo y consumar una administración fraudulenta de los recursos de orden público.

La administración fraudulenta, según el Código Penal del Estado, es un delito que se persigue de oficio, una vez que es denunciadoy no tiene derecho a la libertad bajo fianza por tratarse de un delito grave.

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