Meses de adeudos en bonos y prestaciones detonaron la movilización que hoy paralizó vialidades y colocó a la administración municipal bajo presión directa.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- La inconformidad acumulada durante meses estalló este día en Comondú. Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento salieron a las calles y avanzaron en movilización hacia el Palacio Municipal para exigir al alcalde, Roberto Pantoja Castro, el pago inmediato de bonos y prestaciones que, aseguran, les corresponden por ley y que no han sido cubiertos.
No se trató de una protesta aislada. La base trabajadora sostiene que agotó la vía institucional sin obtener respuestas concretas, por lo que decidió trasladar el reclamo al espacio público.
Entre las demandas centrales se encuentra el pago del bono de reinscripción escolar, además de otras prestaciones laborales pendientes. Los manifestantes advirtieron que no levantarán la movilización hasta que exista un compromiso formal y fechas claras de pago.
La protesta expone un conflicto financiero y administrativo que impacta directamente a cientos de familias que dependen del ingreso municipal. La movilización obligó al cierre de los carriles centrales del bulevar Agustín Olachea, en ambos sentidos (norte–sur y sur–norte), generando afectaciones al tránsito en una de las principales arterias.
Elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron operativos para desviar la circulación hacia carriles laterales y recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas, reducir la velocidad y extremar precauciones. El cierre no solo complicó la movilidad; reflejó la dimensión del conflicto laboral y su impacto inmediato en la vida cotidiana del municipio.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre un acuerdo entre el Ayuntamiento y la representación sindical. La movilización hacia el Palacio Municipal eleva la presión política sobre la administración local, que ahora enfrenta no sólo una exigencia laboral, sino un desgaste público. Cuando los trabajadores municipales –quienes sostienen servicios esenciales– toman las calles, el mensaje es contundente. La crisis dejó de ser administrativa y se convirtió en un problema político.
