La Paz, Baja California Sur.- La diputada federal del PAN por Baja California Sur, Sonia Murillo Manríquez, habría sido imputada por el delito de omisión en el expediente abierto en contra del ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Isidro Jordán Moyrón.
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El delito habría sido cometido, cuando –según la Carpeta de Investigación LPZ/3403/2021/NUC— Sonia Murillo Manríquez, desempeñaba el cargo de titular de la Contraloría General del Estado.
En ese entonces, de acuerdo al expediente, la hoy diputada federal fue omisa en investigar la asignación de mas de 200 millones de pesos en contratos de compra de boletos de avión a la agencia «Viajes Perla«, propiedad de la esposa del entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Moyrón.
Los millonarios contratos fueron firmados por Isidro Jordán Moyrón, en el periodo de 2015 y 2021, y la titular –en ese entonces– de la Contraloría General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, casualmente no cumplió con sus atribuciones y obligaciones de investigar, incurriendo en el delito de omisión.
«No vigiló ni investigó las conductas de los servidores públicos que pudieras constituir responsabilidades administrativas, graves o no graves, así como iniciar procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades»
Por este delito, Isidro Jordán Moyrón fue vinculado a proceso penal por el delito de «uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado«.
Además, el hoy ex titular de Finanzas y Administración, fue imputado además del delito de falsedad por haber certificado documentos que no obran en la dependencia de la que era titular.
La actual diputada federal del PAN, Sonia Murillo Manríquez, sospechosamente no vigiló ni investigó las conductas de los servidores públicos que pudieras constituir responsabilidades administrativas, graves o no graves, así como iniciar procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades, tal y como lo establece el Artículo 32 Fracción XXXIII de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado.
