Los Cabos/Baja California Sur/Noticias.- Activistas a favor de los derechos animales retomaron las manifestaciones en apoyo de “Luna”, perrita que enterraron viva en San José del Cabo.
Decenas de rescatistas y defensores de la vida animal, se congregaron afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Los Cabos, y en las inmediaciones del malecón turístico de La Paz, respectivamente.
El propósito fue exigir a las autoridades que se haga justicia en el caso de la canina maltratada física y emocionalmente por su dueña. Edith “N” se encuentra libre de todo cargo, por golpear y enterrar viva a su mascota.
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El 24 de diciembre de 2020, la propietaria de Luna, dejó a su suerte a la perrita adulta que había enfermado del estómago dos meses atrás. Al no recibir atención a tiempo, el estado de salud de Luna empeoró.
Su dueña, funcionaria pública y trabajadora del Ministerio Publico de Los Cabos, la amarró en el patio trasero de su casa, ubicado en la colonia Villa Bonita de San José, para dejarla morir bajo los rayos del sol, sin agua ni alimento.
Al observar que la perra no fallecía, la inhumana jefa de familia decidió golpear a Luna con un palo de madera para acabar con su sufrimiento.
Creyéndola muerta, hizo una zanja de tierra a un costado de su jardín personal, sepultándola viva.
La intención era que Luna quedara enterrada dentro de su vivienda, sin remordimiento alguno. No obstante, la perrita soportó el castigo, se aferró a vivir con las pocas fuerzas que le quedaban.
Logró sacar el hocico desde el fondo de la tierra para respirar y no morir asfixiada. Como un instinto de supervivencia, comenzó a aullar. El vecino de la agresora de Luna, escuchó desde su casa los lamentos de la perrita.
Trepó por la pared exterior de su propiedad y se asomó al patio del hogar de al lado. Encendió la linterna de su celular para encontrarse con una macabra escena.
Luna estaba semienterrada y clamando por auxilio desde su espacio de cautiverio.
Aún impactado por la imagen que vio, el vecino se apoyó en un grupo de Whatsapp de colonos vigilantes para alertar a más personas del horrendo caso de abuso y violencia animal.
Una red digital de protección animal tomó el caso. Pidió apoyo a las autoridades policiales para dirigirse a la vivienda donde se había efectuado el delito.
A Edith la sorprendieron en la puerta de su hogar agentes de Seguridad Pública y representantes de colectivos en pro de los derechos animales.
Tras caer en varias contradicciones al ser interrogada por los oficiales de policía, no tuvo más remedio que dejarlos pasar. Fue descubierta en flagrancia.
Al llegar al patio, el equipo de rescatistas desenterró a Luna de la fosa donde la enterró Edith. Llevaron a Luna de urgencia a una clínica veterinaria para salvarle la vida.
El médico que recibió a la perrita dio un pronóstico desolador.
Tras examinarla, Luna registró un severo cuadro de desnutrición y deshidratación, daño irreversible en pulmones, riñones e hígado, una hemorragia interna y desangrado de órganos vitales.
Para no prolongar la agonía, el veterinario decidió dormir a Luna con una inyección letal, acabando con su dolor.
Luego de sepultarla dignamente, los integrantes del colectivo presentaron una denuncia formal contra Edith “N” por abuso animal.
Tres meses después se realizó la primera audiencia, para iniciar el proceso legal en contra de la dueña de Luna.
El 3 de mayo, la juez de control revisó la denuncia textual y los datos de prueba que exhiben a la imputada. Un video de 8 minutos, un audio de Whatsapp, y las declaraciones de varios testigos son los elementos probatorios para deslindar responsabilidades en el caso.
Sin embargo, la segunda audiencia fue aplazada hasta el 18 de mayo, al ser increíblemente desconocidas las pruebas fehacientes de las brutales acciones que provocaron la muerte de Luna.
Mientras Edith “N”, sigue sin recibir castigo penal por la muerte de la perrita, los grupos de defensores de animales de BCS salieron a las calles para pedir un alto al maltrato animal en todas sus formas. Solicitaron la intervención de las autoridades para que se haga justicia en cada uno de los casos dados a conocer públicamente a nivel estatal.
El 23 de marzo actualizaron las reformas al Código Penal Federal en materia de Delitos contra la Vida e Integridad de los Animales.
Se castigará hasta con dos años de prisión y una multa que va de los 20 mil hasta los 30 mil pesos a la persona que dolosamente cause sufrimiento o lesiones a un animal, o lo utilice con fines sexuales.
Además, se establece que a quien cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de 10 a 100 días de multa y de 60 a 80 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.