Ciudad de México.- El periodista y director del portal de noticias https://tresseiscincomx.com Diego Alejandro Soto Granados fue incluido esta semana en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior, luego de resultar positivo el diagnóstico de riesgo hacia su persona y su familia.
El joven comunicador es uno de la lista de los 15 periodistas hostigados y perseguidos por el Gobierno de Baja California Sur, y quien utilizó de manera indebida a una servidora pública de la 4T para presentarse como falsa víctima.
Durante el pasado mes de marzo, la supuesta víctima presentó queja en la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) por supuesta violencia política a razón de género y denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos electorales.
Por tratarse de una persecución de tipo político, el comunicador fue sentenciado por la Sala Regional, y tras impugnar la resolución fue ratificada la sentencia por la Sala Superior, tras cambiar sospechosamente, la resolución que se regresaría a la Sala Regional el expediente por no haber valorado algunos elementos.
Y es que la Sala Regional, en evidente complicidad con el gobierno de Baja California Sur, no integró en el expediente un estudio pericial de supuestos daños que alegó la servidora pública del gobierno del estado, además de que «violando el principio de exhausividad y las formalidades esenciales del procedimiento, omitió verificar que el expediente administrativo estuviera debidamente integrado y no valoró las pruebas ofrecidas por el comunicador«.
Así, y de esta manera, fue consumado un duro golpe a la libertad de expresión, con el visto bueno del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío e impulsado por el secretario general de gobierno, Homero Davis Castro y el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
AQUI PUEDES LEER EL REPORTAJE PUBLICADO POR SEMANARIO ZETA: https://zetatijuana.com/2022/08/acoso-judicial-a-periodistas-de-bcs/
El plan fue mas que evidente: evitar a toda costa que el periodista miembro del programa Border Hub, investigara la galopante corrupción en el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, quien en un año no ha informado el destino del crédito de 900 millones de pesos y los millonarios contratos que ha firmado para desviar millones de pesos a empresas fantasmas de delincuentes que financiaron su campaña a la gubernatura.
Recientemente, la Fiscalía General de la República, desacatando la orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto de detener la persecución de periodistas en Baja California Sur, imputó al periodista por delitos electorales, pretendiendo encarcelarlo.
En la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, el periodista Diego Alejandro Soto Granados responsabilizó al Gobierno del Estado de BCS Víctor Manuel Castro Cosío Omar Castro Homero Davis Castro Narciso Agundez Luis Armando Diaz – LAD y Rebeca Barrera de lo que pueda pasarle a él, su familia y negocios familiares.
«¡En Baja California Sur, no existen condiciones para ejercer el periodismo! Predomina la Ley de Pablo Escobar: «Plata o plomo» o bien el «Ojo por ojo, diente por diente», dijo el periodista en su cuenta oficial de Facebook.
