Los Cabos, Baja California Sur.- La integridad física, psicológica y emocional de las mujeres, comenzó a ocupar los principales espacios informativos y fenómenos virales, en este destino turístico, después de que salieran a relucir dos casos de abusos sexuales en un periodo de diez días.

Los Cabos, actualmente en el ojo del huracán por la violencia contra las mujeres, comenzó a prepararse para participar el próximo 9 de marzo en el paro nacional, bajo el lema #UnDíaSinNosotras.

Con una mujer como alcaldesa en Los Cabos, paradójicamente, Jesús Armida Castro Guzmán, es evidentementeincapaz de integrar un Plan de Desarrollo, donde contemple el tema de la seguridad femenina, lo que se vio reflejado en los abusos sexuales que estremecieron en los últimos 15 días a los habitantes de este destino turístico.

 En medio de este clima tenso, todavía el director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal de Los Cabos, Juan José Zamorano Martínez, delineó de manera grotesca la política de seguridad del gobierno de la alcaldesa Jesús Armida Castro Guzmán: Para evitar ser atacadas sexualmente, las mujeres deben cortarse el cabello, cuidar su vestimenta y utilizar un “paraguas” como medio de defensa, en caso de un ataque, lo que dejó entrever que la Policía Municipal, simple y llanamente, no estará ahí, cuando suceda un nuevo caso.

En la joya de la corona, de Los Cabos, en promedio, “una mujer es violada cada tres días”, según la última actualización del Semáforo Delictivo de Baja California Sur, y donde la Policía Preventiva Municipal del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, es inepta e ineficiente, porque no inhibe los delitos del fuero común, tal y como lo mandata el Artículo 15 de la Constitución Política de México.

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La fuerza de seguridad es concentrada y utilizada principalmente en operativos diseñados para multar e infraccionar ciudadanos que conduzcan hablando por celular, carezcan de póliza de seguro vehicular, no traígan sus papeles en regla y choferes de UBER, después de que fuera modificado el Reglamento de Tránsito.

 

Las Estadísticas

No es casualidad que el 79% de la población–según la encuesta públicada por esta misma organización especializada en medir la seguridad—opine que la seguridad en el gobierno de la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, empeoró, el 12% considere que sigue igual, y solo el 10% perciba que mejoró.

En el mapa estatal, según el Semáforo Delictivo, Los Cabos, es el municipio con el mayor número de violaciones en todo el estado, con 126 casos en tan solo un año, lo que representa el 52.8% de los 237 incidentes denunciados en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

Es decir, una mujer es abusada sexualmente, cada tres días, en una población de apenas 238 mil 487 personas.

La alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, según datos recabados por MetrópoliMx, combate a la delincuencia con 510 agentes de seguridad, y los cuales se movilizan en 8 patrullas en Cabo San Lucas y 7 en San José del Cabo, lo que significa que cada policía tiene a su cargo a 467 ciudadanos, y por ende, cada patrulla, es utilizada por 34 agentes.

No obstante, justamente el pasado 17 de febrero, cuando era violada la ama de casa, María Jaquelin “N”, la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán, entregaba las llaves de 9 patrullas más y 2 motocicletas, presumiendo que vendrían a “garantizar la integridad física”, y “facilitar el cumplimiento de sus funciones”.

Esa misma noche, el chofer de un UBER, fue privado de su libertad, salvajemente golpeado y tirado en el tramo carretera de El Pescadero a Todos Santos por dos asaltantes.

 

Los Drones

El 17 de septiembre de 2019, el XIII Ayuntamiento de Los Cabos, buscando integrar una estrategia de seguridad a todas luces fallida, gastó 7 millones 818 mil 75 pesos con 57 centavos en la compra de 4 drones para la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Con dinero del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), el gobierno de Jesús Armida Castro Guzmán, sospechosamente de manera discrecional, lanzó una Licitación Pública Estatal, bajo el número de folio LPA-00000000026-005-2019, evitando la participación de empresas especializadas en el tema de drones y enfocando el concurso a empresas locales que única y excluisvamente, terminaron por revender equipos.

Así, y según la convocatoria, la compra de drones, tendría cinco partidas. Son las siguientes:

1.- 4 Drones que incluyan 4 cámaras con zoom 30X y 4 cámaras radiometricas (térmicas), con rendimiento de vuelo de 32 minutos, baliza inferior y superior (para no verse en la noche), cobertura de 7 kilómetros en operación y maletín.

2.- 8 Cámaras Z30 Zoom Industrial

3.- 4 Pantallas extra para operador de Cámara

4.- 4 Baterías extra de alta capacidad

5.- Una plataforma de gestión para transmisión en vivo de hasta 10 drones.

 

Los drones de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, únicamente han servido para las selfies de Facebook.

El argumento es que los drones “serán utilizados en temas de seguridad pública, por lo que requerían cámara térmica y otra cámara de acercamiento que permita de manera segura y eficaz, realizar inspecciones de manera remota y sin riesgos”, por lo que serían operados por un solo piloto y un operador de cámaras, por lo que requerían dos controles para enlazarlos entre sí.

Desde luego que la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, según la propia convocatoria admitió “no tiene personal capacitado en el uso de drones”, por que la empresa ganadora deberá establecer un programa de capacitación de pilotos, “aunque no hay una cantidad actualmente fija de elementos”, por lo que “la compañía deberá estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en cualquier urgencia que haya que atender en operativos de emergencia”.

Mientras la delincuencia se apodera de San José y Cabo San Lucas, los pilotos de la Policía Municipal de Los Cabos, no pueden volar los drones por falta de licencia de piloto aviador.

Aunque los drones fueron entregados, desde el primero de octubre de 2019, cuatro meses, no pueden iniciar operaciones, porque –según algunos agentes de seguridad de Los Cabos—“los pilotos que recibieron el curso de capacitación, carecen de licencia de piloto aviador para poder utilizar los drones en el espacio aéreo”, solicitada desde luego por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 

 

 

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