San José del Cabo, Baja California Sur.- Después de haber sido sacados, perseguidos y algunos hasta encarcelados, tras consumar en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, la invasión más grande que se tenga memoria en el estado, el llamado Grupo de Los Cabos, reinició una incursión silenciosa en el predio conocido como La Ballena, desde el pasado 26 de abril, cuando alrededor de 300 invasores, comenzaron a desmontar con machetes, palas, picos y maquinaria pesada el área de las parcelas 584 Z-6P-1, 586 Z-6P-1 y 587 Z6 P1, propiedad del Ejido San José del Cabo, aprovechando la distracción de las autoridades municipales, estatales y federales en la pandemia del Coronavirus en esta cabecera municipal de Los Cabos.
En esta ocasión, según versiones de los propios invasores, los cabecillas que vienen gestando la irrupción de los derechos de posesión y propiedad de terceros en la Colonia Ejidal, son:
1.- Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, diputada de XII Distrito Local Electoral por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y actual presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas de la XV Legislatura e integrante de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y La Salud, La Familia y La Asistencia Pública.
2.- Juan Manuel Ojeda Higuera, esposo de Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, uno de los principales operadores de los ex presidiarios Narciso Agúndez Montaño y César Uzcanga Amador en la primera invasión de La Ballena, y quien fue detenido y encarcelado un año y seis meses por el delito de despojo, según el proceso penal 102/2012.
3.- Pedro Méndez Lagunes, operador del malogrado Grupo de Los Cabos, y quien también fue sentenciado dentro del proceso penal 102/2012, tras acreditarse plena y llanamente el delito de despojo cometido junto con César Uzcanga Amador, Concepción Merino Castro, Modesta de Jesús Chávez, Dolores Ríos Torres, Marisol Méndez Paz, Juana Jiménez Hernández, Zoila Amador Davis, Carmen Murillo Romero, Juan Manuel Ojeda Higuera, Davis Salas, Liévano y Ramón Cota Camacho.
Desde esa fecha y hasta hoy, los delincuentes desplegados en el interior de la Colonia Ejidal, localizada en la Colonia San Viejo de este Municipio de Los Cabos, comenzaron a generar el caos entre los habitantes de La Ballena, tras provocar múltiples incendios de hierbas, árboles y cactus en áreas de terrenos que vienen deforestando impunemente para asentar casas de madera y lámina, bajo el pretexto y modus vivendi de no tener dónde vivir.
El pasado 7 de mayo, justamente alrededor de las dos de la tarde, los invasores provocaron un incendio de grandes magnitudes al interior de dicha colonia, y el cual amenazó seriamente la integridad física de los habitantes de La Ballena, así como del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
Y es que –según imágenes fotográficas obtenidas por Metrópolimx— las columnas de humo invadieron hasta la pista del aeropuerto, incendio que provocó pánico y miedo entre la población.
De tal modo que el Ejido de San José del Cabo, solicitó la inmediata intervención del Ayuntamiento de Los Cabos, en primera instancia “a efecto de garantizar la integridad física, emocional y patrimonial de los colonos de La Ballena, usuarios y trabajadores del Aeropuerto Internacional de este Municipio, así como de los propietarios de las parcelas invadidas”.
Lo anterior en franco fundamento en los artículos 8 y 21 Párrafo Ocho y Nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estable entre otras cosas, lo siguiente:
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
“… La seguridad pública, es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…
… Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas…”.
Hola buen día quiero un derecho de réplica de lo que están publicando yo me deslindó de todo ya que nada tengo que ver con la invasión que se está cebando a cabo en el predio la bAllena